José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acaba de publicar “Que nunca se sepa”, su más reciente libro donde habla del caso de Carlos Castañeda, un ciudadano que intentó asesinar al presidente Gustavo Díaz Ordaz el 5 de febrero de 1970.
El fallido atentado ocurrió en el marco de la conmemoración del 53 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 y narra, no nada más el suceso y sus posibles motivaciones, sino que también documenta —en la medida de lo posible— el trato que recibió Castañeda de la Fuente por parte de las autoridades y su empeño por ocultar lo ocurrido.
Te recomendamos: En 2024 deben elegirse a jueces y magistrados por voto popular: AMLO
Contrario a todo ejercicio del buen derecho, después de ser torturado por elementos del Ejército y elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el magnicida frustrado fue declarado incompetente mental y llevado al hospital psiquiátrico de La Castañeda, lugar donde fue aislado de todo contacto humano, vejado y objeto de cualquier tratamiento clínico.
This browser does not support the video element.
Años después, en 1993, consigue su libertad sólo para vivir en la indigencia por 11 años y ser trasladado a un asilo, lugar en el que duró muy poco tiempo, pues Carlos Castañeda murió en el hospital de Xoco tras ser atropellado en vía pública.
Tras leer el libro del ministro en retiro, Publimetro entró en contacto con José Ramón Cossío para hablar sobre el texto y contexto de lo acontecido; asimismo, se contrastó el ánimo social y el poder de los presidentes de la década de los 70, con el PRI más empoderado en la historia, en relación a los gobiernos de transición que se han tenido a partir del 2000.
¿Se ha avanzado en impartición de justicia?
Cossío Díaz dice que sí, pero no tanto como quisiera, pues si bien un caso como el que se narra en Que nunca se sepa sería muy poco probable que vuelva a ocurrir con este nivel de impunidad y cinismo político, los centros penitenciarios en México están rebasados, donde más de la mitad de las personas que ahí habitan están presas sin sentencia.
This browser does not support the video element.
Además, los medios de comunicación guardaron un silencio sumiso ante el atentado a Díaz Ordaz, algo que difícilmente se replicaría en el México del S. XXI, además, el acceso a información y uso de redes sociales imposibilitan la secrecía que favorecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en aquella década.
Otro aspecto que destacó fue el posible uso político de la psiquiatría; es decir, nadie asegura que el caso de Carlos Castañeda de la Fuente sea el único, pues parecería muy cómodo para un gobierno autoritario desaparecer a sus detractores en hospitales psiquiátricos, tildarlos despectivamente de “locos”, someterlos a diferentes tratamientos psiquiátricos y esperar que nadie los encuentre.
Te recomendamos: Morena se empodera para quitar privilegios a ministros y reformar el Poder Judicial
Sin embargo, reconoció que como es un tema muy poco explorado, no posee elementos para afirmar o negar si esto fue una constante, aunque adelantó que pronto iniciará una investigación en esta línea.
This browser does not support the video element.
¿Existen casos similares a éste ocurridos recientemente?
“Yo creo que violaciones como ésta, actualmente, no hay”, sentenció; sin embargo el sistema judicial sigue con fallas, pues hay personas que “sin deberla ni temerla, para adentro”. Durante la conversación se mencionó el caso de Jesús Lemus, periodista que, tras investigar a Luisa María Calderón (hermana del presidente Felipe Calderón), fue encarcelado casi tres años por presunto narcotráfico; asimismo, se abundo sobre el uso político del sistema judicial.
En respuesta, el ex ministro dijo que la vinculación entre poderes para favorecer la narrativa presidencial no es nueva y que se mantiene, por ello destacó el caso de Rosario Robles, Israel Vallarta y Murillo Karam, pero que muy poco se sabe sobre los casos que llegaron al psiquiátrico.
¿Debe de haber Reforma Judicial?
Con estos vicios puestos sobre la mesa, se le preguntó al ministro en retiro sobre la pertinencia de una reforma al Poder Judicial, a lo que contestó que sí, pero se deben de mantener estándares mínimos para que ésta mejore el sistema y acerque la justicia al pueblo, ello porque la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se centra en materia presupuestal.
This browser does not support the video element.
Al respecto, dijo que si bien el Poder Judicial es perfectible, al momento de proceder con una reforma, no se debe de perder de vista que, ante todo, se debe de proteger la libertad de los jueces y ministros, así como el respeto a la división de poderes. Además, apuntó el ambiente ríspido entre el Judicial y el Ejecutivo, pues en la discusión presupuestal, AMLO descalifica a los jueces, algo que, con el tiempo, terminaría minando la capacidad del Estado por impartir justicia.
Te recomendamos: Reforma Judicial: así va la iniciativa que modificaría la relación entre ciudadanos y magistrados
Esto no significa que el Poder Judicial pueda tener entre sus filas a elementos corruptos, ineficaces o ignorantes, pero no deja de ser el medio de resolución de de conflictos para los mexicanos y si AMLO, en vez de perseguir a los jueces, magistrados y ministros que se portan mal, sigue con la descalificación integral del PJF, opinó, lo que hace es reducir las capacidades del Estado de resolver conflictos.
Con ello, concluyó, prácticamente invita o, por lo menos, incentiva a las personas para que salgan a hacerse justicia por propia mano o a recurrir a grupos generadores de violencia para tener una aproximación a la justicia. “El presidente está minando la condición general del Estado al tratar de satisfacer una pretensión política inmediatista de él y su proyecto”.
