La violencia generada entre grupos criminales, intereses de grandes empresas como las minerías, el deterioro del ambiente o fenómenos naturales provocan un efecto colateral cada vez más devastador: el desplazamiento de alrededor de 400 mil personas en el territorio nacional que se ven obligadas a dejar su tierra y su patrimonio para salvar su vida.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), al menos desde 1994 hasta 2022 se calculan 386 mil 197 personas desplazadas internamente en México, todas ellas por condiciones negativas y, según reportes de prensa, la situación continúa.
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Esto ocurre mayormente por la acción de miembros del crimen organizado que disputan territorio o extorsionan a los habitantes de poblaciones, pero también por intereses de empresas mineras, que presuntamente echan mano de estos grupos armados para seguir teniendo ganancias de hasta 200 mil millones de dólares anuales.
Para los magnates del ramo, si un pueblo habita donde se tienen detectados yacimientos de algún mineral valioso, las comunidades se tienen que ir, advirtió el periodista e investigador Jesús Lemus, y como método disuasivo, agregó, contratan criminales para generar violencia.
¿Qué tiene que ver el desplazamiento con la minería?
La ONG sostiene que la mayor cantidad de personas desplazadas entre 2016 y 2023 provienen de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca y Zacatecas, entidades que, en su mayoría, tienen gran actividad minera y, al mismo tiempo, acusan que 18 de cada 25 casos de desplazamiento es por violencia provocada por grupos armados.
Pero, ¿qué hay detrás de estas manifestaciones de violencia? Para resolver esta pregunta se consultó a Jesús Lemus, periodista e investigador galardonado con el premio internacional de periodismo Pluma a la Libertad de Expresión 2013, otorgado por Oxfam Nobiv. Él lleva años estudiando diversos fenómenos de violencia en México y sostiene que la minería, al igual que en otros crímenes, está detrás del desplazamiento forzado de pueblos.
De acuerdo con lo documentado en el libro México a Cielo Abierto, los grandes grupos mineros transnacionales instalados en México ‘subcontratan’ a cárteles o sus brazos armados de la droga para que cumplan con tareas de violencia para desplazar a poblaciones completas que estén instaladas sobre yacimientos de algún mineral valioso; una vez que desalojan a la gente, las mineras se instalan y pagan a los cárteles para defender el perímetro de los desarrollos extractivistas.
Los criminales se dieron cuenta de lo redituable que puede resultar este modelo, pues, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el negocio de las drogas se calcula en México con un valor de 25 mil millones de dólares anuales, mientras que las mineras dejan 200 mil millones dólares anuales, por lo que, antes de que se establezcan las mineras, los cárteles se disputan territorios donde ya se sabe que hay minerales valor.
Para validar estas afirmaciones, Lemus cuenta con el registro histórico y legal de cómo el Estado facilitó la instalación de las grandes mineras transnacionales y rescató los casos más emblemáticos de los desastres que ocasionan en el país, pues además de generar violencia interna y desplazamiento, la práctica extractiva está relacionada con enfermedades raras y letales.
¿Cuántas personas se desplazan por la minería?
Hasta que terminó el gobierno de Enrique Peña Nieto, se reconocieron 276 ejecuciones y más de 11 mil personas desplazadas relacionadas a los territorios donde se instalaron minas; sin embargo, también se tienen documentados mil 488 conflictos sociales, done el 72% obedecía a despojo del suelo, 11% era por la disputa del agua, 7% fue ocasionado por contaminación, 6% por presencia de grupos armados, 2% por pago de regalías, 1% por deforestación y el otro 1% por conflictos laborales.
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Además, la extensión territorial de los sistemas mineros es muy amplia, pues entre los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se otorgaron 26 mil 80 concesiones mineras, lo que equivale a los terrenos de Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa juntos y todo este territorio, donde habían civiles viviendo, tuvo que ser desalojado.
De hecho, al cruzar datos entre los estudios de la CMDPDH y las investigaciones de Lemus, coincide en que las entidades con mayor desplazamiento por violencia son entidades donde los desarrollos mineros de minerales valiosos como el oro, plata y cobre van en aumento.
Con esto en cuenta, el investigador afirmó que existe una gran falacia sobre lo redituable que es el narco para el crimen organizado y aseguró que si bien existen disputas entre cárteles rivales por controlar plazas o extorsionar a pequeños comerciantes (que también son motivos de desplazamiento por violencia), los negocios extractivos son “menos riesgosos y más rentables”.
Estallidos de violencia detrás de la minería
Los precedentes históricos de esta crisis vienen desde 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari reformó el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), donde modificó las particularidades de la tenencia de la tierra y eliminaba los ejidos. Después, en 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) las mineras transnacionales se pudieron instalar en México con mayor facilidad.
Actualmente, existen 260 firmas transnacionales que controlan el negocio, de éstas, cuatro grupos privados mexicanos participan con empresas canadienses, estadounidenses, argentinas, españolas y francesas (que son las que controlan el ramo), éstas pertenecen a los grupos de Carlos Slim, Germán Larrea Mota Velasco, los herederos de Alberto Ballères y Ricardo Salinas Pliego.
Un caso que rescató Lemus para explicar cómo es que las empresas se relacionan con el desplazamiento fue lo ocurrido en algunas minas en Zacatecas (Mazapil, Salaverna, Concha del Oro), donde la empresa Peñazquito presuntamente se asoció con el Cártel de los Zetas para que alrededor de 7 mil habitantes abandonaran sus hogares.
Asimismo, los recientes conflictos entre los cárteles de La Familia Michoacana contra Los Tlacos en la montaña de Guerrero, son por la disputa de un territorio con declaraciones de oro. En este caso, presuntamente, los criminales están en la espera de que se instale la mina y ‘vender’ sus servicios de control perimetral contra protestas y sabotaje.
También señaló que la violencia en la meseta purépecha en Michoacán, rica en hierro, es por extractivismo; otro ejemplo que otorgó es la violencia generada por el cártel de Caborca en San Luis del Río Colorado, pues dicho lugar no es productor ni ruta ni plaza de venta de drogas.
Respecto a la ‘prestación de servicios’ por parte de los criminales, el periodista aseguró que la vinculación se da a través de los gobiernos estatales. “Así como extorsionan al carnicero, al pollero, al de las verduras, así van los cárteles con el minero y le dicen ‘oye, te vengo a ofrecer seguridad. Si no me la compras, te desmadro’”.
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Finalmente, si una mina se logra instalar representa tres riesgos para su entorno. El primero es la presencia constante del crimen organizado en tareas de vigilancia perimetral; el agotamiento del agua, pues las minas necesitan de millones de litros para poder operar; y, finalmente, la aparición de enfermedades raras que causan complicaciones mortales: sangrados intestinales profundos, bebés prematuros con deformidades, deficiencias mentales, síndrome de la cabeza de pájaro, etc., por lo que los habitantes de la zona circundante terminan por abandonar sus hogares.
Cabe destacar que, con la llegada de la Cuarta Transformación (4T) el desplazamiento de pueblos no ha cesado y, si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha otorgado más concesiones mineras, sí se les permite expandirse perimetralmente.
