A partir de este jueves 15 de enero, el panorama para los usuarios y comerciantes de vapeadores en México cambia drásticamente, ya que antes era una zona gris legal, hoy se convierte en un terreno minado, ya que una persona podría pasar hasta ocho años en prisión por vender este tipo de artefactos.
El Gobierno de México publicó en la Gaceta Oficial la reforma a la Ley General de Salud, y el capítulo XII Ter establece que cualquier persona involucrada en la cadena de suministros enfrentará penas de cárcel, así como una multa de once y hasta 226 mil pesos.
“Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, venta y suministros de cigarrillos electrónicos”, se lee en el documento.
¿Contradicción o hueco legal en la promoción de los vapeadores?
Entre las contracciones o huecos legales que podría tener la prohibición de vapeadores, está que una persona no podrá ser castigada por tener un vapeador, siempre y cuando este producto sea de consumo personal.
“Se exceptúa de la prohibición, su consumo y posesión cuando no se destine a las actividades o fines”, indica el documento.
Esta medida crea, un escenario de “Ley Seca” ya que es legal tener el producto, pero es un acto criminal venderlo o suministrar. De ahí que, esta contradicción, encendió las alarmas ya que expertos, aseguran que esto no detendrá el consumo, sino que entregará un mercado negro.
En tanto, si una empresa contaba con un amparo o permiso previo para la fabricación de vapeadores, esto terminó, ya que la Cofepris tiene la orden inmediata de revocar cualquier autorización otorgada antes de la reforma.