Despojan a familias de viviendas y terrenos por Tren Maya

La construcción del Tren Maya, uno de los proyectos más ambiciosos del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha ocasionado que se arrasen más de 144 hectáreas de suelo de conservación natural y desalojos a pobladores de la zona.

De acuerdo con organizaciones civiles, las obras que se llevan a cabo en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo por este proyecto, provocó una serie de violaciones a los usos de suelo en el tramo que se contempla para el tren.

En conferencia de prensa, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) precisó que, deliberadamente, se han demorado los juicios de amparo que se han interpuesto para detener el avance de las construcciones.

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“Ha prevalecido la dilación de los juicios, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables, todo lo cual constituye violaciones a sus derechos humanos”, acusó la ONG.

También, argumentan, que se les ha negado el derecho a la consulta sobre sus propiedades, así como a la información pública sobre los recursos que se han empleado para la construcción de la obra maya.

Para comprobar estas irregularidades, las ONG realizaron sobrevuelos en los tramos del proyecto “Tren Maya” particularmente en diversos municipios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, en donde observaron actividades irregulares, como es el caso de la remoción de vegetación forestal, apertura de caminos y bancos de materiales pétreos, entre otras.

A partir de los resultados de los sobrevuelos, se contrastaron dichas imágenes con las satelitales correspondientes a un año antes, lo que dio como resultado que se han realizado cambios de uso de suelo en terrenos forestales en al menos 144 hectáreas de selva maya.

“No cuentan con permisos de cambios de uso de suelo en terrenos forestales vinculadas al proyecto Tren Maya.

Además se pudo constatar que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) sigue trabajando en toda la ruta del proyecto realizando actividades que van más allá de rehabilitación de las obras existentes, lo que constituye una violación a las suspensiones que los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados han otorgado a favor de las comunidades, colectivos y organizaciones.

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