La audiencia del ex candidato presidencial Ricardo Anaya por el caso de Odebrecht fue aplazada, por tercera vez, hasta el próximo año.
Lo anterior a petición de la defensa del ex candidato presidencial; sin embargo, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia informó a Anaya Cortés que deberá presentarse personalmente a la próxima audiencia, pues ya han terminado las restricciones sanitarias.
Asimismo, le lanzó un ultimátum: “En caso de que usted no se presente la Fiscalía tendrá autorización para buscar los medios que considere procedentes para garantizar su presencia en esta sala de audiencias”.
Se trata de la tercera vez que esta audiencia inicial se aplaza, pues ya fue pospuesta el 26 de agosto y 4 de octubre también a petición de los abogados del panista, quienes dijeron que necesitaba más tiempo para conocer el expediente.
La audiencia de Ricardo Anaya inició a las 9:27 horas y concluyó 24 minutos después. El ex candidato se conectó por videoconferencia al lado de su abogado, Eduardo Aguilar.
Una de las condiciones había sido que la conexión se hiciera desde territorio nacional, pero ni la Fiscalía General de la República (FGR), ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pudieron verificar que esto fuera cierto.
Ni la FGR y tampoco la UIF se opusieron a este nuevo aplazamiento.
El abogado del panista, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, solicitó 40 días para revisar la carpeta de investigación con más de 137 mil fojas, para lo cual, dijo, necesitarían al menos de 284 días con una lectura de ocho horas diarias.
Asimismo, indicó que requiere revisar totalmente el expediente porque está obligado a realizar una defensa legal, adecuada y completa ante una acusación que calificó de “absurda y completamente falsa” en contra del ex candidato presidencial.
Cabe recordar, que las acusaciones en contra de Anaya Cortés fueron realizadas por el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien señaló que el ex candidato presidencial fue uno de los que recibió supuestos sobornos en el caso Odebrecht cuando fue diputado federal.
El juez otorgó el plazo de 84 días con el objetivo de que se revise a conciencia el expediente, se respete el debido proceso y para que la defensa legal esté preparada para enfrentar estas acusaciones.
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