Europa blinda sus fronteras: prohibirá vuelos que salgan de 7 países africanos

Los países de la Unión Europea (UE) se disponen a prohibir los vuelos con salida o destino a Sudáfrica y otros seis países africanos por temor a que la nueva variante de coronavirus B.1.1.529 (conocida como ‘Nu’) se propague por esas rutas, según informaron a Europa Press fuentes europeas.

Las restricciones afectarán a Sudáfrica, Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Namibia, Mozambique y Zimbabue y se aplicará “durante catorce días”, han precisado las fuentes.

La presidencia del Consejo ha informado en un mensaje en redes sociales del acuerdo alcanzado en el seno del Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis (IPCR) y ha pedido además a los países de la UE que exijan test y cuarentena a los pasajeros provenientes de estas zonas.

La decisión ha coincidido este viernes con el primer caso confirmado en Europa de un paciente contagiado con la nueva variante ‘Nu’. Se trata de una mujer belga con síntomas de coronavirus que regresó de un viaje a Egipto hace 15 días.

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Representantes de la UE se reunieron a primera hora de la tarde a propuesta de la Comisión Europea para activar el “freno de emergencia”, que permite cerrar la frontera exterior con determinados países en donde se localizan variantes de interés o preocupantes.

Bruselas tomó la iniciativa en respuesta a la petición de varios Estados miembro de dar el paso en esta dirección y la cuestión ha recibido el apoyo del resto de socios en una reunión celebrada en la capital comunitaria en el marco del IPCR a nivel técnico y de embajadores.

Los veintisiete países de esa organización cuentan con unas directrices comunes que prevén la activación de un “freno de emergencia” para coordinar el cierre de la frontera exterior a países en donde se detecten nuevas variantes que puedan suponer un riesgo para el control de la pandemia de coronavirus en la UE.

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Este instrumento, sin embargo, se basa en una recomendación de Bruselas para definir una “coordinación práctica” pero no supone una “obligación legal” para los Estados miembro, que son quienes conservan las competencias exclusivas en esta materia y deciden de manera individual como actuar con el tránsito en sus fronteras.