Durante la administración de Cuauhtémoc Blanco en Morelos ya suman ocho los activistas asesinados, principalmente ambientalistas y defensores de derechos humanos.
La última de estas ejecuciones ocurrió el fin de semana cuando fue asesinado Francisco Vázquez, opositor al proyecto de la termoeléctrica en Huexca y ejidatario del municipio de Ayala.
Autoridades estatales detallaron que al momento del homicidio, Vázquez se encontraba en su parcela con otro acompañante, quien resultó herido.
El activista era parte del Consejo de vigilancia en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye la termoeléctrica, un gasoducto (que sale de Tlaxcala, pasa por Puebla y llega a Morelos) y un acueducto construido para llevar agua, de Ciudad Ayala y Cuautla hasta Huexca en Yecapixtla, para lograr el funcionario de la termoeléctrica.
Un día antes de sus asesinato, Francisco Vázquez denunció públicamente que recibió amenazas de muerte y responsabilizó, en caso en caso de que le ocurriera algo a él o así familia, a Rogelio Plascencia, presidente de Asurco.
El gobierno de Morelos, mediante un comunicado, rechazó que Francisco Vázquez fuera un opositor a la termoeléctrica, como lo fue Samir Flores, quien también fue asesinado en 2019.
“Por el contrario, él en vida, como presidente del Ejido Abelardo L. Rodríguez y presidente del Consejo de Vigilancia de Asurco, suscribió el convenio que celebró el Gobierno Federal con Asurco para dar solución al conflicto social que permitiera el inicio de la operación de la termoeléctrica”.
— Gobierno de Morelos
Otras víctimas
Hace unos días, también fue asesinada Ana Luisa Garduño Juárez, quien se convirtió en una luchadora social luego del feminicidio de su hija en 2012. Desde entonces brindó atención y acompañamiento a familiares de víctimas de feminicidio.
El 18 febrero de 2019 fue ejecutado Rubén Fajardo, observador de derechos humanos integrante del Consejo Nacional Ciudadano.
Dos días después, mataron a Samir Flores, líder del Frente en Defensa del Agua y la Tierra y principal opositor al proyecto de la termoeléctrica de Huexca. Ese mismo año, el 14 de octubre, hallaron el cuerpo de Paul Vizcarra, empresario y ambientalista morelense, sobre la carretera México-Cuernavaca.
En 2020 fueron asesinados los ambientalistas Isaac Medrano Avilés y Rodrigo Morales. En septiembre de 2021, se registró el homicidio de Alejandro García Zagal, conocido como ‘El Chepe’, quien encabezó las protestas contra los altos cobros de agua en Cuernavaca.
Al respecto, Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Morelos, acusó que por ese tipo de hechos, la entidad se está consolidando como un estado “no anfitrión del mundo, sino en el anfiteatro del mundo” en donde ser mujer, niña o niño, adolescente, periodista, activista, defensor de derechos humanos podría costarle la vida.
El ombudsman negó que este tipo de declaraciones resulten una exageración ante cifras como el que más de tres mil homicidios dolosos se cometieron en flagrancia y sin detenidos, lo que deja ver que existe impunidad por parte de las policías, mismas que incluso podrían trabajar en complicidad con los delincuentes, sumado a la falta de inversión pública en materia de seguridad como es en cámaras de videovigilancia, una policía de proximidad.
Con información de El Sol de México
