Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC) alistan tres iniciativas y dos puntos de acuerdo para fortalecer la protección a periodistas, propuestas entre las que destaca evitar que el presidente o cualquier otro funcionario “haga uso faccioso de las instituciones” para publicar los ingresos de las y los comunicadores.
La primera de ellas fue suscrita por la bancada de MC, a cargo de Jorge Álvarez Máynez, y busca reformar el artículo 49 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de establecer que “las personas servidoras públicas se abstendrán de utilizar, sustraer, ocultar, alterar, destruir, transferir, divulgar, explotar o aprovechar por sí o por interpósita persona información en su poder, o de otras personas servidoras públicas, que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en la presente Ley, y las demás leyes aplicables”.
En la exposición de motivos sostiene que luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó los presuntos ingresos de Carlos Loret de Mola, “quedó en evidencia el uso faccioso de las instituciones así como el abuso de autoridad por parte del Presidente de la República para perseguir a los periodistas críticos que han exhibido posibles esquemas de corrupción y conflicto de interés de sus familiares directos”.
Con ello, se asegura en el proyecto, se violentaron múltiples disposiciones legales y constitucionales: “En primer lugar, violó el artículo 16 de la Carta Magna, mismo que refiere que que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales”.
¿Qué sanciones proponen?
Otra de las iniciativas que será presentada este martes subirá a nombre de todo el grupo parlamentario del PAN, a cargo de Jorge Romero. Propone modificar diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Nacional de Procedimientos Penales, para imponer de 50 a 300 jornadas de trabajo en favor de la comunidad y la reparación integral del daño “al que sin justa causa o fuera del ejercicio del derecho a la información o del derecho a la libertad de expresión, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto”.
Agrega que la sanción será de uno a cinco años de prisión, multa de 50 a 500 pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, “cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial, bancario o fiscal”.
Cuando el sujeto activo sea servidor público también se le aplicará destitución e inhabilitación desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
El legislador panista Luis Alberto Mendoza Acevedo subirá una iniciativa para garantizar que en las reuniones de la Junta de Gobierno del protocolo de protección para periodistas, estén presentes un representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores; un representante del Poder Judicial de la Federación; así como el presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, y el presidente o presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado y la cámara baja.
Los asistentes tendrán voz, pero no voto
Adicionalmente, hoy se presenta un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a reforzar a escala nacional las acciones de protección de la integridad personal de periodistas, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Y otro más a fin de exhortar a la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Fieidepfp de la Ciudad de México a tomar medidas que esclarezcan la desaparición de Irma Galindo Barrios, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, de Movimiento Ciudadano.
