Alfredo Ramírez Bedolla informó que, de acuerdo con una evaluación del Instituto Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales, el valor del cuartel regional de la Policía Michoacán de Lázaro Cárdenas, mismo que se adquirió durante el gobierno de Silvano Aureoles (2015-2021), es de 131 millones de pesos y no de 905 millones de pesos como reportó la administración anterior.
El sobreprecio de 774 millones de pesos ya fue denunciado por el gobierno estatal ante la Fiscalía Especializadas en Materia de Delincuencia Organizada y Combate a la Corrupción; la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Ramírez Bedolla indicó que con el sobrecosto se pudieron adquirir otros seis cuarteles de la Policía Michoacán y refirió que, incluso, el precio de 131 millones de pesos se considera elevado, pues el costo de los cuarteles de la Guardia Nacional ronda entre los 15 y los 80 millones de pesos.
Además del sobrecosto, el gobernador de Michoacán explicó que otra irregularidad que se descubrió fue que la administración de Aureoles pagó más del doble por la renta de dicho cuartel, que por la compra del mismo. El gobierno de Michoacán habría pagado 611 millones de pesos por el arrendamiento del inmueble; mientras que por la compra se pagaron 294 millones de pesos.
Cabe recordar que el 24 de noviembre de 2021, Ramírez Bedolla denunció gastos estratosféricos de la administración anterior y dio a conocer que el gobierno de Aureoles erogó cerca de cinco mil 86 millones de pesos en contratos de arrendamiento ligados con los cuarteles de Apatzingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Apatzingán, Jiquilpan y Zitácuaro.
Dichas acusaciones se suman a las seis denuncias penales por manejos irregulares en el gasto público, por un monto de cinco mil millones de pesos en contra de 11 ex funcionarios del gobierno Silvano Aureoles, mismas que dio a conocer la secretaria de Contraloría de Michoacán, Azucena Marín, el pasado 21 de febrero.
En rueda de prensa, Marín Correa dio a conocer que también se trabaja en otras 18 denuncias en contra de servidores públicos de la administración anterior. Entre los delitos que se le imputan a los funcionarios del gobierno de Aureoles figuran el enriquecimiento ilícito, el ejercicio indebido de las funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y lavado de dinero.
Aunque el gobierno de Michoacán no ha procedido directamente contra el ex mandatario, las denuncias de irregularidades en su gobierno se suman a la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió en su contra por presuntos actos de corrupción en enero de 2022; y a la solicitud para juicio político contra Aureoles que promueven los legisladores de Morena en el Congreso estatal.
