Durante 12 años ha tenido lugar una pugna en Topolobampo, Sinaloa, un área Ramsar habitada por las comunidades indígenas mayo-yoreme, quienes han estado en resistencia contra la construcción de una planta de amoniaco en manos de una empresa alemana.
Finalmente, este 06 de marzo del 2022 lograron detenerla a través de la ratificación de un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán.
Dicho amparo ya había sido concedido en 2021 por el juez sexto de distrito de Los Mochis, y en él se invalida la manifestación de impacto ambiental concedida por la SEMARNAT para avalar la construcción de la planta.
El argumento para invalidar dicho documento fue debido a que las comunidades indígenas habitadas en la zona no fueron consultadas previo a la emisión del manifiesto.
Una consulta sí fue llevada a cabo el pasado mes de noviembre de 2021 en el municipio de Ahome y comunidades aledañas a Topolobampo, respecto a la construcción de dicha planta, sin embargo no fue dirigida únicamente a las personas indígenas habitantes de la zona, como contempla la resolución del juez de distrito.
El proyecto era impulsado por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, la cual, tras 12 años de intentar la construcción de la planta informó mediante un comunicado que como lo indica la constitución, deben acatar la resolución de la Corte, y buscarán que la SEMARNAT inicie el proceso de consulta a las comunidades indígenas.
“El pronunciamiento hecho ayuda de forma sustancial a destrabar el desarrollo del proyecto y acabará con los argumentos de los que se benefician de la escasez y la especulación de los fertilizantes en México.
“Una vez concluido con este requisito, que en GPO Planta de Fertilizantes podamos continuar con la construcción del proyecto y empezar a generar los beneficios de desarrollo sustentable a los que nos hemos comprometido”, se lee en el comunicado.
