El gobierno de Cuauhtémoc Blanco debe aclarar el destino de dos mil 667 millones de pesos de recursos federales destinados en 2019 y 2020 para seguridad, salud, educación e infraestructura.
De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revelada por Latinus, el gobierno de Morelos todavía no recupera ni aclara esos recursos públicos, por lo que debe precisar para qué fines utilizó el dinero o devolverlo a la tesorería de la Federación.
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Entre los recursos que se deben aclarar se encuentran 95 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) que debían aplicarse en 2020, año en que la entidad registró 40 mil delitos del fuero común.
De acuerdo con el informe de la ASF, destacan dos solicitudes de aclaración por el destino de un centenar de armas.
La primera es derivada de un convenio entre la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la compra de armamento y municiones de la que no se presentó evidencia de haberse formalizado ni entregado 80 pistolas calibre 9x19 milímetros marca IWI; 30 fusiles de asalto calibre 5.56 por 45 mm de la misma marca; 10 millares de municiones calibre 9 mm Luger, marca Federal American Eagle Full Metal Jacket.
Esas armas fueron pagadas con recursos del FASP por dos millones 577 mil 632 pesos que, hasta la fecha de la auditoría, septiembre de 2021, no había sido aclarado y por la que la ASF emitió la solicitud con el folio 2020-A-17000-21-1007-03-001, tal y como documentó Proceso.
En la segunda solicitud de aclaración, la ASF refiere que la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) se comprometió a entregar las facturas de los depósitos para la compra de 140 fusiles calibre 5.56x45 mm; una pistola 9x19 mm; 100 mil cartuchos calibre 5.56x45 mm; y 150 mil cartuchos 9 mm por un total de ocho millones de pesos por concepto de bienes pagados a la Sedena con recursos del FASP, pero no suministrados.
En total, 85 millones de este fondo no fueron reportados como devengados por lo que el gobierno estatal incumplió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, además de un convenio de coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Ese año hubo recursos que se reintegraron a la Tesorería de la Federación y no se utilizaron para la seguridad pública del estado.
Cabe recordar que a través del FASP, el gobierno federal transfiere recursos públicos para que los estados cumplan con sus estrategias nacionales en materia de seguridad pública, como la prevención de la violencia y la delincuencia, la profesionalización de la policía, el sistema de información y el desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.
En 2020, Morelos registró 40 mil 491 delitos del fuero común, entre ellos mil 33 homicidios, mil 62 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, así como 35 feminicidios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Para 2021, en el estado aumentaron 4.47% los delitos del fuero común respecto al 2020, ya que registró 42 mil 301 delitos.
Por si fuera poco, el gobierno de Morelos todavía no aclara 14 mil 684 millones de pesos que se utilizaron de forma distinta a las leyes, normas o convenios con el gobierno federal desde el 2006, por lo que es obligación de la actual administración precisar el destino de los recursos o devolverlos.
La ASF ha presentado en total 23 denuncias penales contra el gobierno de Morelos, en las administraciones de Graco Ramírez y Marco Antonio Adame; aún no ha interpuesto ninguna denuncia contra el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.
