Someter a juicio el peritaje que elaboró la empresa noruega DNV-GL por no adecuarse al discurso oficial del gobierno de la Ciudad de México, es una estrategia que busca sepultar los detalles del informe y que no se sancione a los verdaderos responsables, así lo afirmaron especialistas en movilidad y políticos de oposición.
Y es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rescindió el contrato con esta empresa debido a que consideró que su último informe sobre el derrumbe de una trabe de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metro, fue tendencioso, por lo que comenzarían con un juicio civil a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur).
En entrevista con Publimetro, Icela Lagunas, autora del libro de la Línea 12, “Crónica de una tragedia anunciada”, aseguró que el recurso legal que busca emplear la administración capitalina en contra de la consultora noruega es con la idea central de sepultar las irregularidades que se cometieron en la construcción de esta obra y se acallen las críticas por la falta de mantenimiento en esta administración.
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La demanda que el Gobierno de la Ciudad de México presentará contra la empresa noruega DNV se suma al historial de escándalo y claroscuros en torno a la Línea 12 y hace tambalear los peritajes 1 y 2 que concluyeron que las fallas de construcción fueron la causa del desplome del tren, el 3 de mayo de 2021.
— Icela Lagunas, escritora
Ante esta situación, afirmó que es urgente que se haga público el tercer dictamen para conocer el contenido que provocó la suspensión del contrato y el amago de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.
Si este tercer dictamen señala deficiencias en el mantenimiento de la L12 como una más de las causas de la tragedia, habría entonces que cuestionarse: por qué la empresa cambió de opinión. No olvidemos lo que está en juego: una candidatura presidencial y cientos de miles de millones de pesos.
— Agregó Icela Lagunas
Oposición pide transparencia en tercer informe
Sobre esta situación, legisladores del PAN y de la Asociación Parlamentaria Ciudadana solicitaron tanto a la jefa de Gobierno como al INFO CDMX, se haga público el dictamen final de la empresa DNV, en el marco de la transparencia y rendición de cuentas.
Un informe que fue pagado por nuestros impuestos y le pertenece a los capitalinos, no a ella; se realizará la petición formal al Instituto de Transparencia, para que se difunda y sea del dominio público lo que contiene el dictamen sobre la Línea 12.
— Afirmaron.
En tanto, el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, sostuvo que buscarán que no se lleve a cabo el juicio que amagó el gobierno local en contra de la consultora que realizó investigaciones sobre la tragedia del Metro.
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Exigimos que el Gobierno de la CDMX publique el tercer y último dictamen de la empresa DNV. Empresa que el propio gobierno presumió y promovió.
— Andrés Atayde, diputado local
En el mismo sentido se pronunció la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien afirma que el desplome de la línea no fue un accidente y exige que se precise quiénes son responsables por el hecho.
A considerar:
Queremos que se dé a conocer el último informe de la empresa, porque en caso contrario estamos hablando de un gobierno opaco, que busca ocultar lo que verdaderamente sucedió en esta tragedia con el recurso de reservar la información. Tenemos el derecho de saber qué sucedió con ese informe y quienes podrían ser los responsables.
— Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN.
Por último, Transparencia Mexicana acusó que interponer el recurso legal contra la empresa es una estrategia para ocultar información de cara a los procesos electorales que se realizarán en el país.
El que exista una controversia judicial sobre el dictamen abre, cuando menos, dos posibles implicaciones: uno, que al volverse litigioso el proceso se alargue buscando que el fallo sea posterior a la elección del Estado de México o incluso de la CDMX en 2024. Otra posible implicación es que se limite el acceso a la información argumentando que el dictamen es parte del proceso judicial, y que por ello no debe hacerse público. Esto también abrirá la puerta a una posible controversia sobre la transparencia del dictamen. Aunque al final el documento será público porque se pagó con recursos del contribuyente, las partes involucradas ganarían tiempo ante la opinión pública.
— Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana
