El cardenal destituido, Angelo Becciu, aseguró que el Papa Francisco autorizó una operación para liberar a una monja colombiana secuestrada por Al Qaeda en Malí durante su declaración en el proceso que le juzga por malversación de fondos y extorsión. El pago autorizado por el Pontífice para costear la operación ascendería a cerca de un millón de euros.
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Según la declaración de Becciu, Francisco aprobó la operación secreta que incluyó la contratación de una empresa de seguridad británica para encontrar a la monja y garantizar su puesta en libertad. La misionera Gloria Cecilia Narváez, fue secuestrada en Malí en febrero de 2017 por el grupo terrorista Al Qaeda. Pasó cuatro años y ocho meses capturada por los yihadistas y fue finalmente liberada en octubre del 2021. Durante ese periodo, el grupo terrorista mostraba periódicamente en vídeo a Narváez pidiendo la ayuda del Vaticano.
Las declaraciones de Becciu se enmarcaban en la contratación de Cecilia Marogna que, según las investigaciones, recibió hasta 500 mil euros de los fondos de la Secretaría de Estado gestionados por Becciu entre 2011 y 2018, cuando era el sustituto y gozaba de autonomía para decidir las inversiones. Francisco había permitido a Becciu romper el secreto pontificio para defenderse ante el tribunal.
Marogna, titular de una sociedad con sede fiscal en Eslovenia que se ocupa de misiones humanitarias en África y Asia y también imputada por malversación de fondos por el Vaticano, defendió ante la prensa italiana que con el dinero recibido gracias a la intervención de Becciu orquestó la instalación de una red de diplomacia paralela a la que tiene desplegada la Santa Sede con nunciaturas por todo el mundo en los países del norte de África y Oriente Próximo.
La ‘dama del cardenal’, como la bautizaron los periódicos italianos, se defendió de las acusaciones asegurando que ejercía un trabajo como mediadora, sobre todo, en casos de religiosos secuestrados. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los fondos de la Secretaria de Estado, a los que Becciu tenía acceso ilimitado y de los que hacía uso sin responder ante nadie, fueron usados por la mujer para comprar bolsos, zapatos y hasta un sofá de piel, además de otros artículos de lujo.
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Becciu aseguró que recurrió a Marogna en cuanto supo del secuestro de Narváez, en Malí y tras escuchar al nuncio del Vaticano en Colombia y a otras hermanas de la orden religiosa de la monja pidiendo ayuda. Según la versión del cardenal destituido, Francisco autorizó la contratación de la empresa de inteligencia británica The Inkerman Group para asegurar la liberación de la monja y el propio Pontífice le habría prohibido contar la operación, excluyendo de su conocimiento al jefe de la policía del Vaticano.
Según su declaración, él y Marogna se reunieron con empleados de la empresa Inkerman en su oficina de Londres a mediados de enero de 2018 y no les habrían garantizado el éxito de la operación. Según Becciu, debido a que el Vaticano quería mantenerse al margen de la operación, Marogna se convirtió en el intermediario clave y el que recibía los pagos periódicos de la secretaría de Estado del Vaticano por la operación.
El cardenal italiano aseguró que informó a Francisco de la reunión de Londres el 15 de enero de 2018. “ Me escuchó y confirmó que procediera –señaló Becciu–. En un encuentro posterior con el Santo Padre, le expliqué con más detalle la conversación que mantuvimos con los Inkerman y de la suma que debíamos abonar a grandes rasgos: alrededor de un millón de euros, una parte para pagar la creación de una red de contactos y otra para la liberación efectiva de la monja”.
“Le indiqué que no debíamos ir más allá de esa cifra. Él lo aprobó. Debo decir que cada paso de esta operación fue acordado con el Santo Padre”, declaró Becciu.
En una declaración espontánea de 50 páginas, que leyó en la audiencia de el jueves, en la que también fue interrogado por el fiscal del Vaticano, Alessandro Didi, Becciu ha defendido su posición y negó haber malversado fondos del Vaticano. También explicó ante el juez cuestiones técnicas sobre cómo funcionan los aspectos financieros de las compras y las inversiones de la Secretaría Estado.
También se defendió de las acusaciones que le achacan haber tejido a su alrededor una red de corrupción para pilotar inversiones vaticanas hacia fondos especulativos con sede en paraísos fiscales. La fiscalía del √ señala en las investigaciones que transfirió hasta 125 mil euros del mismo Óbolo de San Pedro, que recoge las donaciones de los fieles a las obras de caridad del Papa y sobre el que tenía autoridad directa como sustituto de la Secretaría de Estado, hasta la cooperativa Spes, cuyo representante legal es su hermano, Tonino Becciu.
Esta suma estaría vinculada, según la versión de Becciu- a obras de reforma en la sede de Cáritas Ozieri (provincia de Sácer, en Cerdeña).
De hecho, señaló que se usó 25 mil euros en 2015 para “comprar la maquinaria necesaria que ayudara a retomar las actividades” de una panadería concebida, según su versión, para ayudar a personas vulnerables porque había sufrido un incendio. También declaró que de la cantidad total de 125 mil euros que transfirió a Cáritas de Ozieri desde la Secretaría de Estado, hay todavía 100 mil euros siguen en la cuenta del obispo de Cerdeña.
“Me gustaría señalar que todo lo relativo a la Diócesis de Ozieri, sus recursos, su organización, así como la Cáritas local o la Cooperativa Spes, escapa a mis conocimientos previos”, dijo.
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“¿De dónde habría salido el dinero para enriquecer a mi familia? Es una acusación infundada”, aseguró el cardenal destituido. De este modo, reiteró la absoluta corrección de la conducta de su hermano y volvió a reiterar que las únicas cantidades que fueron donadas por la Secretaría de Estado a lo largo de los siete años, en 2015 y 2018, cuando fue sustituto del Secretario de Estado “fueron para fines benéficos”.
Por otro lado, negó que se hayan utilizado los fondos del Óbolo, que provienen de las donaciones de los fieles para las obras de caridad del Papa, y subrayó que todas las operaciones se hicieron con los fondos de reserva de la Secretaría de Estado.
“La recaudación de Obolo cada año alcanzó una media de 45/50 millones de euros”,aseguró. Cada mes se debían transferir de esos fondos cinco millones de euros a la Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA), que se encarga de la contabilidad y de gestionar los bienes inmuebles y las inversiones, para sufragar las necesidades de la Curia Romana. En total, 60 millones de euros anuales que precisó que llegaron a ser 96 millones al año cuando el cardenal Georg Pell estaba al frente del organismo económico.
Igualmente, aseguró que la Secretaría de Estado corría “con parte de los gastos de Radio Vaticano, que ascendían a unos 33 millones de euros al año, así como con los gastos de las representaciones diplomáticas de la Santa Sede, con un presupuesto de unos 30 millones al año”. La próxima √ tendrá lugar el próximo √
