MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
"A pesar de que el marco contra la tortura en Líbano ha mejorado sobre el papel, la tortura sigue siendo frecuente, y la rendición de cuentas por la tortura y los malos tratos es esquiva", ha indicado la investigadora en Líbano de Human Rights Watch, Aya Majzoub.
A su juicio, "Líbano debe demostrar que se toma en serio la lucha contra la tortura, y debería empezar por avanzar en las numerosas denuncias de tortura que se han perdido en el poder judicial sin que se hayan realizado investigaciones efectivas".
En 2017, el Parlamento libanés aprobó una ley que penaliza la tortura, y en julio de 2019 el gobierno nombró a los cinco miembros del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP, por sus siglas en inglés).
HRW denuncia que ley adopta un plazo de prescripción de tres a diez años para enjuiciar la tortura que empieza a correr cuando la víctima es liberada de la custodia o la detención, en contra de las normas internacionales, que sostienen que la tortura no debe prescribir.
Asimismo, la organización ha criticado que la ley tampoco tipifica como delito los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos por la Convención contra la Tortura.
La ley no prohíbe explícitamente remitir las denuncias de tortura a los tribunales militares, que según las organizaciones de Derechos Humanos no respetan el derecho a un juicio justo y carecen de independencia.
En este sentido, las organizaciones de Derechos Humanos de Líbano han documentado repetidos incumplimientos de las Fuerzas de seguridad y del poder judicial en la aplicación de la ley contra la Tortura y de las disposiciones del código de procedimiento penal que pretenden proteger los derechos de los detenidos.
"Las autoridades libanesas deben investigar con inmediatez e imparcialidad todas las denuncias de tortura, asignar un presupuesto suficiente para que la unidad de prevención de la tortura pueda ponerse a trabajar, y adecuar la ley contra la tortura a las normas internacionales", ha zanjado Majzoub.
