La Secretaría de Economía se autocorrigió la plana al cancelar la Norma 236; es decir, dio marcha atrás a su propio esquema que buscaba reducir los niveles de polución en las principales ciudades del país.
Duró apenas medio año el esquema, ya que a inicios de mayo se dio a conocer la medida enfocada en los nuevos lineamientos que los automovilistas debían acatar de inmediato, lo que desató serias críticas.
En ese entonces se resaltó que se buscaba reducir los niveles de polución que persisten en las principales ciudades de la República mexicana, así como garantizar la seguridad de los pasajeros, pero entre la ciudadanía se percibía como una medida de sobrerregulación que el propio presidente López Obrador criticó días más tarde en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.
Organizaciones defendían que la medida se centra en evitar la circulación de autos chatarra que ponen en riesgo la seguridad de pasajeros y peatones, y en caso de incumplimiento, la norma adelanta que se penalizará a los propietarios de dichas unidades.
No obstante, la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad de la Secretaría de Economía canceló el pasado 4 de noviembre la inspección técnica de las condiciones físico-mecánicas de vehículos ligeros que pesen menos de 3.8 toneladas.
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La Norma estaba programada para entrar en vigor el 1 de diciembre del 2022, y el comunicado compartido por la dependencia apunta que “podía afectar negativamente el ingreso de las familias mexicanas que utilizan sus vehículos como herramientas de trabajo”.
Con dicha Norma aprobada los usuarios se hubieran visto obligados a invertir de 10 mil a 20 mil pesos al año para acreditar los lineamientos, dependiendo del modelo del vehículo y las condiciones en las que se encuentre, así como el estado donde efectuara el trámite.
El comunicado de la dependencia señala que se busca proteger “la economía de la población mexicana que cuenta con vehículos de trabajo, familiares y de uso doméstico, ya que esta revisión implicaba los gastos no previstos para aprobar las inspecciones, el propio pago de la verificación y, en su caso, la reparación de los mismos”.
