SAN DIEGO (AP) — Un juez federal ordenó el martes al gobierno del presidente Joe Biden levantar las restricciones al asilo impuestas durante la presidencia de su predecesor, las cuales han sido la piedra angular de la seguridad fronteriza desde el inicio de la pandemia de COVID-19.
El juez de distrito Emmet Sullivan falló en Washington que la aplicación de la medida —que calificó de “arbitraria y caprichosa”— debe terminar de inmediato para familias y adultos solos. El gobierno no la ha aplicado a los niños que viajan sin compañía de un adulto.
En cuestión de horas, el Departamento de Justicia solicitó al juez permitir que su orden entre en vigor el 21 de diciembre, dándole cinco semanas para prepararse. Los demandantes, incluyendo a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), no se opusieron al aplazamiento.
“Este periodo de transición es crítico para garantizar que (el Departamento de Seguridad Nacional) pueda llevar a cabo su misión de proteger las fronteras del país y realizar sus operaciones fronterizas de manera ordenada", escribieron los abogados del gobierno.
Sullivan, quien fue designado por el presidente Bill Clinton, escribió en su decisión de 49 páginas que las autoridades no consideraron el impacto en los migrantes ni posibles alternativas.
El fallo parece entrar en conflicto con el emitido en mayo por un juez federal en Luisiana, quien ordenó que se mantuvieran en vigor las restricciones al asilo.
En caso de mantenerse el fallo de Sullivan, representaría un vuelco para la seguridad fronteriza. Estados Unidos ha expulsado a migrantes en más de 2,4 millones de ocasiones desde que la regla entró en vigor en marzo de 2020, negándoles a los migrantes el derecho a solicitar asilo consagrado en las leyes federales e internacionales con el argumento de evitar la propagación del COVID-19.
La regulación fue autorizada en virtud del Título 42 de una ley de 1944 que abarca la salud pública.
Antes de que el juez en Luisiana mantuviera la medida en vigor en mayo, funcionarios federales dijeron que elaboraban planes para lidiar con hasta 18.000 migrantes al día en caso de que fuera necesario. En mayo hubo un promedio de 7.800 detenciones diarias de migrantes, la cifra más alta de la presidencia de Biden.
Grupos defensores de los migrantes han presionado intensamente por ponerle fin al Título 42, pero demócratas más moderados como los senadores federales Mark Kelly, por Arizona, y Raphael Warnock, por Georgia, querían que se mantuviera la medida cuando el gobierno intentó retirarla en mayo.
La medida se ha ejercido de forma desigual por nacionalidad, aplicándose principalmente a migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, además de los mexicanos, debido a que México les permite a esos expulsados permanecer en su territorio. México comenzó a aceptar el mes pasado a venezolanos que son expulsados de Estados Unidos en virtud del Título 42, lo que ha causado un marcado descenso en el número de venezolanos que solicitan asilo en la frontera de Estados Unidos.
Las nacionalidades con menos posibilidades de estar sujetas al Título 42 se han vuelto una presencia cada vez más frecuente en la frontera, confiados en que serán liberados en territorio estadounidense en lo que se procesan sus casos migratorios. En octubre, los migrantes cubanos representaron la segunda mayor cifra, sólo detrás de los mexicanos y seguidos por los venezolanos y nicaragüenses.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló que usará las próximas cinco semanas para “prepararse para una transición ordenada hacia las nuevas políticas en la frontera”.
“Seguimos trabajando con países de todo el Hemisferio Occidental para tomar acciones contra las redes de contrabandistas que tientan a los migrantes a realizar una travesía peligrosa y a menudo letal hacia nuestras fronteras terrestres y para atender las causas de origen de la migración irregular que amenazan a todo nuestro continente”, dijo la agencia.
El abogado de la ACLU Lee Gelernt dijo que la decisión de Sullivan invalida el fallo en Luisiana.
“Esta es una enorme victoria para los solicitantes de asilo desesperados a quienes se les ha prohibido siquiera obtener una audiencia debido al uso indebido de las leyes públicas”, declaró Gelernt. “Con suerte este fallo pondrá fin a este horrendo periodo de la historia de Estados Unidos en el que dejamos de lado nuestro compromiso solemne a brindar refugio a aquellos que son perseguidos”.
Aaron Reichlin-Melnick, abogado de políticas para el American Immigration Council, un grupo defensor de los inmigrantes, distinguió el fallo de Sullivan frente al del juez federal Robert Summerhays, de Luisiana —nombrado por el presidente Donald Trump—, que se aplicaba únicamente a la manera en que el gobierno de Biden intentó poner fin al Título 42. Sullivan consideró inválida toda la medida.
