La mayoría de los contenedores colocados por el exgobernador de Arizona Doug Ducey en la frontera con México han sido retirados, a un costo de decenas de millones de dólares en los pocos meses en los que estuvieron allí hasta que el nuevo gobierno demócrata decidió quitarlos.
Retirar los enormes contenedores de acero rojos, dorados y azules está creando un cambio visual extremo en las secciones afectadas del paisaje sureño de Arizona, luego de que la nueva gobernadora Katie Hobbs asumió el puesto y se erogan otros 76 millones de dólares de fondos estatales para quitarlos, que se suman a los 95 millones que costó ponerlos.
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El republicano Ducey había dicho que los contenedores, puestos en una brecha en la frontera cerca de la comunidad occidental de Yuma y a lo largo de un valle de pastizales del condado Cochise del este de Arizona, eran una medida temporal, hasta que el gobierno del presidente Joe Biden asumiera la construcción de un muro permanente para asegurar la frontera.
Hobbs fue investida esta semana y es una de las demócratas que lo tachó de ardid político.
La seguridad fronteriza fue un tema clave durante la presidencia de Donald Trump y lo sigue siendo para muchos republicanos. Durante su campaña, la rival republicana de Hobbs, Kari Lake, prometió desplegar a la Guardia Nacional en la frontera en su primer día en funciones.
El tema fue a parar a la corte federal después de que Ducey interpuso una demanda, en la cual solicitó que se reconociera que Arizona tenía la jurisdicción, autónoma o compartida, del tramo de territorio federal en donde se habían colocado los contenedores. También argumentó que Arizona tenía el derecho de proteger a sus residentes de la inmigración ilegal, que denominó una crisis humanitaria.
El gobierno de Ducey y las agencias federales citadas en su demanda llegaron a un acuerdo, según el cual se debían retirar los contenedores para el miércoles, un día antes de que Hobbs fuese investida. Pero posteriormente la corte postergó 30 días el vencimiento de todos los plazos del caso para darle a Hobbs y a la nueva procuradora general, Kris Mayes, tiempo para estudiar la situación.
En Yuma, los 130 contenedores que cubrían unos mil 160 metros ya habían sido retirados para el martes.
Los trabajadores siguen desmantelando el muro en el condado Cochise, dijo Russ McSpadden, que ha visitado la zona en el remoto Valle de San Rafael en su calidad de activista del Centro para la Diversidad Biológica en pro de la conservación del suroeste.
Aproximadamente una tercera parte de unos 3 mil contenedores fueron colocados allí, generando preocupaciones sobre posibles daños a la fauna local y a los sistemas de agua naturales hasta que manifestantes lograron detener las obras en diciembre. Ambientalistas aseguraron que el trabajo en el Bosque Nacional de Coronado puso en riesgo a especies en peligro de extinción o amenazadas, como el cuclillo piquigualdo del oeste y el búho manchado mexicano.
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El alcalde de Yuma, Doug Nicholls, dijo esta semana que, aunque el gobierno federal planea iniciar la construcción permanente para cerrar la amplia brecha en torno a la sección de la presa Morelos que los inmigrantes suelen vadear, le preocupan otros espacios en los que no se ha programado construir muro.
La Patrulla Fronteriza anunció el viernes que la construcción para cerrar la brecha cerca de la presa Morelos comenzará la semana próxima, e hizo notar que el río Colorado, que en esa sección se desplaza rápidamente, presenta posibles riesgos de ahogamiento y otras lesiones para los migrantes y para el propio personal de la agencia.
“Los contenedores nunca iban a impedir totalmente que la gente cruzara, pero era una forma de controlarlo mejor”, dijo el republicano Nicholls, que está en contacto cotidiano con la Casa Blanca y agencias federales sobre los cientos de personas que llegan a esta pequeña ciudad a diario para solicitar asilo.
Nicholls dijo que ya se encuentra en conversaciones con el gobierno de Hobbs en torno a la seguridad de la frontera, y que quiere que la gobernadora visite la zona.
“Espero que venga lo más pronto posible", sentenció. "Aún sentimos que es una emergencia”.
Cuando Ducey estaba en el poder, Arizona estaba trasladando a cientos de migrantes en autobús de Yuma a la capital del país.
Nicholls dijo que esos viajes regulares en autobús a Washington continúan pese al cambio de gobernadores. El Centro Regional para la Salud de la Frontera, un organismo sin fines de lucro, está encargado del contrato.
Indicó que, sin ninguna clase de refugio para migrantes, Yuma está mal preparada para ayudar a los recién llegados que necesitan hospedaje, y que ofrecer viajes en autobús a Washington permite a muchos viajar sin costo a la costa este del país, donde podrían tener familiares.
A diferencia de los autobuses con migrantes que se envían a ciudades de la costa este desde Texas, grupos sin fines de lucro en Washington han reconocido que los autobuses provenientes de Arizona incluyen manifiestos detallados de los pasajeros y sus nacionalidades, coordinación sobre las horas de llegada y personal médico en cada viaje. El gobierno de Ducey había enviado a más de 2 mil 500 migrantes en unos 70 traslados a Washington a partir de mayo.
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La administración del gobernador republicano estimó previamente que cada viaje en autobús cuesta unos 80 mil dólares en fondos estatales, lo cual colocaría el costo total hasta ahora bastante por encima de 5.6 millones.
Un vocero del Centro Regional para la Salud de la Frontera en Somerton, Arizona, no respondió de inmediato a una solicitud para que comentara cómo se está gestionando el contrato.
Nicholls declaró que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias le reembolsará al centro el costo de los viajes.
