Migrar es pagar, aunque no siempre sea a un traficante. Y los migrantes lo descubren nada más llegar al principal punto de entrada en el sur de México, la asfixiante ciudad de Tapachula, donde no hay trabajo ni oportunidades pero sí miles de extranjeros ansiosos por seguir su viaje al norte y trámites burocráticos que se extienden durante meses.
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Con el constante aumento del flujo migratorio se han multiplicado en el país los abogados e intermediarios dispuestos a aprovechar la situación y proporcionar documentos o asesoramiento a aquellos migrantes que pueden permitirse pagar y no quieren arriesgar sus vidas hacinados en un camión rumbo a Estados Unidos.
En casi dos docenas de entrevistas con The Associated Press, migrantes, funcionarios y exagentes migratorios describieron una red que opera en los límites de la legalidad, que coopera y, a veces, soborna a servidores públicos de un área con una gran corrupción enquistada, y que, en ocasiones, trabaja directamente con los coyotes o traficantes de personas.
El negocio no es nuevo pero la estrategia de México durante el último año, de administrar el imparable número de llegadas facilitando ciertos permisos sin criterios claros, ha alimentado estas redes prestas a acelerar trámites o revertir una detención por unos cuantos cientos de dólares.
El resultado es un negocio en auge y difícil de controlar.
Permisos de tránsito, visas temporales, todo está disponible por un precio. Y aunque son documentos legales eso no impide que puedan ser destruidos en algún punto de la ruta o que el migrante sea detenido o devuelto al sur de México debido a una aplicación arbitraria de la política migratoria o a la acción de funcionarios corruptos en cualquier puesto de control.
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Este reportaje forma parte de una serie realizada por The Associated Press llamada “Migration Inc” que investiga a personas y empresas que se benefician de quienes están en contexto de movilidad porque huyen de la violencia, los conflictos u otras formas de inestabilidad en sus países de origen.
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Atravesar México, un país plagado de cárteles que ganan millones con el tráfico de migrantes, siempre es un riesgo. Hacerlo legalmente puede reducir ciertos peligros.
Los migrantes suelen optar por pedir refugio en el país aunque no esté en sus planes quedarse y sólo aspiren a llegar a la frontera de Estados Unidos con su situación regularizada.
En el año fiscal estadounidense, que terminó el 30 de septiembre, los inmigrantes fueron detenidos 2.38 millones de veces en la frontera entre Estados Unidos y México, un 37% más que el año anterior y más del doble del nivel más alto registrado durante la presidencia de Donald Trump, en 2019.
No está claro lo que podría suceder si las restricciones al asilo que Estados Unidos impuso al inicio de la pandemia y que su Corte Suprema decidió esta semana mantener, se eliminarán finalmente el próximo año.
Pero el actual récord de llegadas ya ha causado estragos en el sistema mexicano porque la inmensa mayoría de esas personas cruzaron México por tierra, muchos después de permanecer tiempo varados en el sur, un cuello de botella donde a más gente, más esperas, más desesperación y más protestas.
Por eso, desde hace un año el gobierno mexicano ha intentado aplacar esta tensión descongestionando Tapachula mediante la flexibilización de los criterios para otorgar ciertos permisos temporales y de tránsito a aquellos migrantes difíciles de devolver a sus países o que, por haber solicitado protección mexicana, no pueden ser retornados. Este grupo de personas no susceptible a ser devueltos fueron 290 mil este año, casi diez veces más que en 2019.
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Ante este panorama, los procesos de regulación migratoria puede llevar meses y cualquier oferta para agilizar esos trámites es tentadora. En el sur las opciones proliferan promocionadas en redes sociales y ajustadas a todas las urgencias y presupuestos. Más al norte, son más escasas y pagar a operadores específicos que monopolizan el negocio puede ser la única forma de salir de un centro de detención.
Los extranjeros raramente denuncian los abusos porque asumen que estos desembolsos -voluntarios o forzosos- son parte del precio a pagar para llegar a Estados Unidos.
Las autoridades pocas veces actúan de forma contundente contra funcionarios corruptos con el argumento de falta de pruebas.
En diciembre de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo con el principal compromiso de combatir la corrupción y reconoció que el Instituto Nacional de Migración (INM) era una de las instituciones más corruptas de México. Sin embargo, en los cuatro años que lleva su gobierno sólo una de cada mil investigaciones internas abiertas por la agencia migratoria llegó a la fiscalía, según datos obtenidos a través de solicitudes de información.
El Instituto Nacional de Migración no respondió a múltiples peticiones de comentarios sobre sus esfuerzos para combatir la corrupción ni aceptó diversas solicitudes de entrevistas con sus responsables. Este mes, en un comunicado, indicó que había seguido todas las recomendaciones emitidas por la oficina de control interno como parte de su compromiso contra la corrupción.
Sin embargo, la falta de rendición de cuentas ha facilitado que los gestores operen e intercambien pagos e información con los funcionarios.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública, los abogados del Estado que desde 2019 tienen en la migración una de sus prioridades, es de las pocas entidades oficiales que ha levantado la voz para denunciar arreglos entre agentes migratorios y gestores privados aunque eso ha conllevado amedrentamientos y amenazas hacia algunos de sus trabajadores.
“Esto no va a acabar nunca porque están involucrados muchos altos mandos que están percibiendo muchísimo dinero”.
— Mónica Vázquez, abogada pública de Puebla
Y la situación va a peor, aseguraron Vázquez y algunos de sus compañeros.
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En las oficinas de migración de Tapachula un centenar de migrantes hacen fila un día de otoño para recibir un permiso que les permita regularizar su situación en México y que puede tardar meses.
A pocos bloques de allí, los papeles pueden llegar rápido, por un precio.
Un joven dominicano dijo que le costó mil 700 dólares y tres días de espera. Un abogado le llevó el permiso de tránsito a una casa habilitada como “hotel” donde lo había dejado el traficante con el que cruzó hasta México.
Según describió a AP, mientras esperaba los papeles temió por un momento estar secuestrado porque nadie le decía cuánto tendría que esperar y tenía demasiado miedo para preguntar. Pero en cuanto se concretó la transferencia hecha por un amigo suyo desde Estados Unidos, aparecieron los documentos y ese mismo día tomó un autobús a Ciudad de México.
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El hombre habló con AP varias veces antes de salir de Tapachula bajo condición de anonimato para mantenerse a salvo mientras viajaba hacia el norte y se negó a dar más detalles por miedo. En la ruta migratoria, donde el crimen organizado siempre está presente, una palabra de más puede tener graves consecuencias. Uno de sus familiares confirmó a AP que finalmente consiguió cruzar a Estados Unidos y vive allí ahora.
Los documentos temporales que el gobierno de México expide son variados. Los migrantes los llaman a todos “salvoconductos” porque, aunque en la práctica algunos pueden ser órdenes de expulsión, la mayoría les permiten salir del país por la frontera que quieran, incluida la de Estados Unidos.
Igual de variada es la oferta de bufetes y gestorías que suelen promocionarse por WhatsApp tras un primer contacto para saber las necesidades del migrante.
En uno de esos mensajes visto por AP, los “paquetes” iban de los 250 dólares por el documento que permite el tránsito -papeles membretados pero sencillos que pueden ser pagados en moneda mexicana-, a los mil 100 las visas humanitarias, tarjetas impresas con foto y huella, que garantizan la estancia temporal en México y que sólo pueden ser pagadas en moneda estadounidense.
El gestor que envió ese mensaje aseguró que los papeles son documentos oficiales emitidos por el gobierno, no falsificaciones. Mostró el mensaje a AP con la condición de no publicar su nombre debido al carácter ilegal de algunos de sus trabajos y por temer por su seguridad.
La mayor parte de ese dinero va para el soborno de funcionarios, explicó el gestor. Un abogado sin conexión con él confirmó que los pagos a servidores públicos son la parte más costosa. El abogado también habló con AP en condición de anonimato para proteger su negocio y evitar problemas legales.
El abogado agregó que, a ese dinero, hay que sumar generalmente unos 400 dólares extra de “costos de asesoría” que incluyen, por ejemplo, las comisiones de quien pone las cuentas donde familiares o amigos envían los pagos.
La agencia migratoria mexicana no respondió a las peticiones de comentario de AP. En declaraciones previas, ha dicho que intenta evitar los sobornos con la instalación de cámaras en puntos clave y animando a sus trabajadores a denunciar irregularidades.
El gestor explicó que su contacto en el Instituto Nacional de Migración es siempre el mismo, un funcionario con experiencia a quien no quiso identificar. Es una opción segura, comentó, aunque en ocasiones se paralizan temporalmente las transacciones, según él, por la coyuntura política o cuando el Instituto está bajo escrutinio.
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El gestor, de unos 45 años y que trabaja sobre todo con cubanos que se van pasando la voz, afirmó que cada vez gana más con este negocio. Como extra habilitó un departamento para alojar a unas cinco personas por 50 dólares la semana cada una mientras esperan.
El abogado describió otra alternativa para hacerse de documentos: comprar en la fiscalía una denuncia de haber sufrido algún delito. La ley mexicana permite que cualquier extranjero acreditado como víctima pueda acceder directamente a una visa humanitaria y la denuncia es clave para iniciar ese proceso.
Desde hace años, miles de migrantes son secuestrados, extorsionados, violados o incluso asesinados o desaparecidos a su paso por México, pero las denuncias escasean por miedo y desconfianza en las autoridades. Algunas organizaciones no gubernamentales incluso han tenido que luchar por la condición de víctima de algunas personas hasta en la Corte Suprema.
Ahora, sin embargo, algunas cosas parecen haber cambiado.
En todo 2021 menos de tres mil personas lograron visas humanitarias en México por haber denunciado ser víctimas de delitos, la mayoría centroamericanos. Este año, hasta fines de noviembre, superaban las 20 mil. El 82% de ellos eran cubanos.
El drástico aumento de estas cifras ha suscitado sospechas y algunos defensores de migrantes temen que se estén vendiendo las denuncias para conseguir permisos de estancia temporal.
Un día de fines de septiembre Juan Carlos Custodio, del Instituto de la Defensoría Pública en Tapachula, encontró a más de 200 cubanos tramitando sus visas como víctimas de delitos en las oficinas de migración de la cercana localidad de Huixtla, adonde él acudió a realizar unos trámites.
“Sorprendido les pregunté qué había pasado”, explicó a AP. “No me quisieron decir”, agregó temiendo que se tratara de casos falsos, lo que podría perjudicar la atención de las verdaderas víctimas.
La fiscalía de Chiapas, al ser preguntada por AP al respecto, dijo que en julio uno de sus funcionarios fue cesado y se abrió una investigación por venta de documentos. No quiso ofrecer más detalles.
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La actual administración mexicana hizo de la lucha contra la corrupción su principal bandera pero los intentos de limpiar el Instituto Nacional de Migración no parecen estar dado los frutos esperados.
Gran parte de las acciones se quedan en pedir la renuncia del funcionario implicado o, simplemente, no renovar su contrato puesto que la mayoría de los agentes son trabajadores temporales, según una autoridad federal que insistió en mantener el anonimato por carecer de permiso para hablar con AP.
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Tonatiuh Guillén, titular del Instituto durante el primer semestre de gobierno de López Obrador, dijo haber solicitado la renuncia de unos 400 funcionarios sobre los que había sospechas de irregularidades porque era la forma más rápida de atajar el problema dado que una investigación puede durar años. Tras su periodo al frente de la agencia migratoria, que acabó en junio de 2019, algunos de esos funcionarios fueron recontratados, aseguró en entrevista con AP.
El Instituto ha abierto más de cinco mil investigaciones internas desde 2019 pero sólo cinco habían terminado en la fiscalía a mediados de este año, según información obtenida gracias a las leyes de transparencia.
Sobre el número de funcionarios sancionados en ese periodo, la información oficial es contradictoria y depende de a quién se pregunte. El portal de la Plataforma Nacional de Transparencia tenía registrados en diciembre 16 funcionarios sancionados, sin nombres ni detalles. Según la oficina de asuntos internos del Instituto, 308 funcionarios fueron inhabilitados hasta fines de agosto. Sin embargo, cuando se preguntó directamente a la agencia migratoria a través de solicitudes de información, el Instituto dijo que sólo era uno.
Guillén aseguró que su equipo había detectado prácticas “extendidas y preocupantes” de muchos gestores y abogados a principios de 2019 pero indicó que no pudo avanzar mucho para controlarlas porque sólo se pueden contener reformando la ley y dándole más precisión para cerrar los espacios de discrecionalidad que actualmente existen y en los que esos personajes actúan.
Tras la salida de Guillén, sociólogo de profesión, el Instituto empezó a poner a militares como delegados estatales de la agencia en una gran cantidad de estados lo que, a juicio de las organizaciones de derechos humanos, empeoró la situación.
Andrés Ramírez, coordinador de la gubernamental Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, cree que cuando proliferaron todas esas prácticas corruptas fue a partir del año pasado, cuando sus oficinas recibieron 130 mil solicitudes de refugio —cuatro veces más que en 2018— y se vieron “al borde del colapso”.
En abril de este año Ramírez se enteró de la venta de documentos en su oficina de Tapachula gracias a la denuncia de dos trabajadoras y se presentaron dos denuncias en la fiscalía que están bajo investigación. Cuatro funcionarios han dejado sus cargos. Ramírez aseguró que saldrá cualquier persona que resulte implicada.
“Tolerancia cero”, subrayó en entrevista con AP. “Se trata de algo miserable. ¿Cómo es posible que personas que están en esa protección internacional sufran, por parte de funcionarios o del órgano que está encargado de su protección, embates de esta naturaleza que son claramente delincuencia?”.
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Comprar documentos, sin embargo, no es garantía de nada. Las autoridades de un estado los emiten, las de otro pueden romperlos.
Un cubano de 37 años que ya está en Estados Unidos y que pidió no ser identificado por temor a que sus declaraciones puedan afectar a familiares y amigos que todavía están en la ruta, contó que unos días después de conseguir sus documentos, previo pago de mil 800 dólares, fue detenido.
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El autobús en el que viajaba, y que venía incluido en el precio, paró en una gasolinera del estado de Puebla. Agentes de migración subieron al vehículo y, según explicó, fueron directo adonde estaba el grupo de cubanos, les quitaron los “salvoconductos” y los rasgaron.
Según su relato, al llegar al centro de detención migratoria uno de los agentes le explicó cómo funcionaban ahí las cosas. El cubano recordó que el funcionario lo miró a a la cara y le dijo que para quedar libre tenía que pagarle mil 500 dólares y él, con ayuda de una abogada, lo pondría en un autobús hasta la frontera.
El cubano no aceptó y se declaró en huelga de hambre junto con otros compañeros. Por mediación de funcionarios de las Naciones Unidas que visitaron el lugar se contactó con la abogada pública Mónica Vázquez, que acabó sacándolo de forma gratuita.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública lleva tiempo denunciando la forma de trabajar de los agentes migratorios en las oficinas de Puebla y se ha quejado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de una presunta colusión entre funcionarios y un bufete de abogados privado que está afectando los derechos de los migrantes.
Vázquez indicó que se trata de la empresa dirigida por Claudia Ibeth Espinoza, cuyos servicios se anuncian en grandes carteles frente al centro de detención migratoria de Puebla.
La defensora pública es una de las personas que indica que esa firma tiene acceso privilegiado no sólo a la estación migratoria sino a las listas de migrantes recién detenidos antes de que los extranjeros lleguen a las instalaciones, con lo que el despacho puede elegir a quién ofrecer sus servicios y se presenta como la única alternativa si no quieren pasar meses encerrados.
Espinoza negó tales acusaciones en una entrevista con AP y afirmó no tener ningún trato especial, privilegio o acuerdo con las autoridades migratorias aunque sí reconoció que cobraba a los migrantes por sus servicios de 500 a mil dólares en moneda mexicana o a veces más.
“Cobro porque la ley me lo permite”, subrayó. “No estamos ni lucrando, ni robando, ni haciendo nada fuera del marco de la ley”.
Al ser preguntada directamente si había pagado alguna vez a algún oficial de migración para hacer su trabajo contestó: “No es necesario”.
Pero un exagente migratorio conocedor de la situación en Puebla confirmó a AP la existencia de arreglos entre funcionarios y el bufete de Espinoza al menos durante 2019 y 2020. Este exagente, que habló en condición de anonimato porque temía por su seguridad, dijo que en ese periodo se violaron procedimientos legales y se saltaron requisitos para liberar con rapidez a algunos migrantes que pagaban.
Otro exagente que trabajó en la oficina de Puebla confirmó el mismo tipo de irregularidades entre funcionarios y la firma de Espinoza. Este exagente también insistió en mantener el anonimato por temor a represalias.
Vázquez aseguró que la situación se mantiene sin cambios y que debido a sus denuncias comenzó a recibir amenazas telefónicas, mensajes intimidatorios y acoso en el terreno legal.
Espinoza presentó dos quejas contra ella, una por difamación y otra por extorsión, que siguen bajo investigación.
En sus comentarios a AP, Espinoza subrayó que si alguien tiene pruebas en su contra, debería presentarlas ante las instituciones correspondientes. “Si el Instituto de la Defensoría Pública Federal no sabe hacer su trabajo en temas migratorios, pues no es culpa de nosotros como abogados particulares”, declaró.
El Instituto Nacional de Migración también denunció a Vázquez por presentar un amparo para sacar del centro de detención a 300 migrantes lo que, según la agencia, conllevó daños a la institución. Pero Vázquez aseguró que alguien más lo hizo en su nombre y que como el amparo no llevaba firma, ella contrademandó al INM por usurpación de personalidad.
Vázquez explicó, además, que no le faltaron ofertas para “ponerse de acuerdo” con los agentes —palabras que en México significan entrar en una relación de pagos y sobornos-- y que como no aceptó colaborar con ellos comenzó el hostigamiento y, en represalia, restringieron su acceso al centro de detención.
También denunció que cuando los migrantes aceptaban la representación legal y gratuita de los defensores públicos, los agentes los castigaban. Según dijo, los dejaban sin comer, sin bañarse “y hubo una señora embarazada que nos comentó que la pusieron en el patio, lloviendo, a hacer sentadillas”.
“Migración está totalmente descoordinada … pareciera que cada oficina tiene sus facultades discrecionales”, sentenció. Y eso, deja mucho más vulnerables a los migrantes.
Las autoridades migratorias se negaron a contestar preguntas específicas sobre las denuncias de corrupción en Puebla.
De 2020 a 2021, cuando la Defensoría Pública comenzó a hacer públicas estas irregularidades, el general retirado José Luis Chávez Aldana era el jefe de la delegación. Según el portal oficial que ofrece información sobre servidores públicos, en septiembre de 2021 dejó el cargo y fue trasladado a un puesto similar en las oficinas de migración en el Estado de México, en el centro del país.
El Instituto Nacional de Migración no aclaró a AP si sigue trabajando para ellos o si está en investigación, sancionado o procesado. Chávez Aldana tampoco contestó a una solicitud directa de comentario.
David Méndez, quien fue nombrado titular de migración en Puebla a principios de 2022, reconoció que había irregularidades cuando asumió el cargo pero no hizo denuncias porque “una cosa es que resulte evidente una situación que se da y otra que se generen los elementos duros para acreditar una responsabilidad”.
Sí intentó “cerrar las llaves de fuga de información” con nuevas reglas e hizo convenios con la Defensoría Pública para promocionar a sus abogados gratuitos, explicó en entrevista con AP. A los seis meses, Méndez fue trasladado y dejó el gobierno federal. No quiso aclarar los motivos.
Vázquez ha presentado tres quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunciando la situación en Puebla, la última en agosto de 2022. La Comisión, preguntada por AP, indicó que una de las quejas seguía abierta y las otras dos habían sido cerradas pero no explicó cuál fue el resultado de las investigaciones. Vázquez indicó que ella tampoco había sido informada de los detalles.
La oficina del Instituto de Migración en Puebla está dirigida ahora por quien fuera el número dos del general Chávez Aldana.
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Mientras tanto, en la frontera con Guatemala la llegada de migrantes no se detiene. A la gran mayoría no se los ve y cruzan el país hacinados en camiones. Otros se sacan fotos junto a los letreros de “Bienvenido a México” que hay incluso en cruces informales y luego se entregan a las autoridades con la esperanza de lograr los ansiados permisos para cruzar el país.
Un día de octubre, a orillas del fronterizo río Suchiate, los agentes de inmigración registraron la llegada a unos 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, en un solo punto de entrada. A todos les entregaron órdenes de expulsión y les dijeron que podían canjear esos documentos por permisos de tránsito si llegaban a una pequeña ciudad situada a unos 300 kilómetros al norte, San Pedro Tapanatepec.
No está claro por qué las autoridades eligieron un lugar tan apartado para lo que se convirtió en un campamento masivo de migrantes y en un punto clave de expedición de documentos. La agencia de migración no respondió cuando AP preguntó sobre las razones de esa decisión.
En un constante flujo de llegadas y salidas, más de 190 mil personas pasaron por allí desde fines de julio hasta fines de noviembre, según datos federales. La semana pasada, el Instituto anunció el cierre del campamento sin dar ninguna explicación. Los migrantes desaparecieron de la ciudad en cuestión de días, previsiblemente rumbo al norte.
A ese lugar habían llegado migrantes que pasaron días detenidos en Tapachula, personas que habían sido liberadas con rapidez y de forma gratuita y otras que tuvieron que pagar hasta 500 dólares a un abogado para lograrlo.
El dominicano Luilly Ismael Batista fue de estos últimos. Según explicó a AP, optó por contactar a un abogado que le habían recomendado unos conocidos. Estuvo nueve días en el centro de detención.
“Un amigo salió, yo le di mi cédula y el abogado me llamó por la bocina”, dijo. Los agentes “me dejaron pasar, pero tuve que darle mi pasaporte y mi cédula de garantía al abogado para que cuando yo saliera le pagara”.
Más tarde pagó otros 300 dólares por el transporte y un guía para saltarse unos 10 controles de migración que había en el trayecto entre Tapachula y San Pedro Tapanatepec.
“Nos montaban en todo, combis, taxis, motos, donde quiera", explicó Batista.
Cuando logró su permiso de tránsito en San Pedro Tapanatepec tomó un autobús hacia el norte pero sin saber muy bien cómo llegaría a la frontera porque se había quedado sin dinero.
“Venderé mi teléfono, venderé mi reloj, venderé lo que sea pero Dios nos va a ayudar, nos va a bendecir y vamos a seguir hacia delante”.
Ese fue su último mensaje a AP. Su número de celular ya no funciona.
