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Mexicanos detenidos o condenados injustamente en EU estarán protegidos por la SRE

El plan publicado en el Diario Oficial de la Federación está dirigido a personas detenidas o condenadas por crímenes que no cometieron o que su condena es desproporcional al crimen imputado en el país norteamericano

Prisión
Archivo. Prisión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa de Defensoría a Personas Mexicanas en Materia Penal en Estados Unidos (EU), para garantizar y defender los derechos humanos de los connacionales en el exterior.

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Por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard estableció el plan como complemento a otros programas de protección consular dirigido a personas detenidas o condenadas por crímenes que no cometieron o que su condena es desproporcional al crimen imputado.

De acuerdo con el DOF, el Programa de Defensoría a Personas Mexicanas en Materia Penal en EU tiene por objeto garantizar la protección de la dignidad, los derechos humanos y otras garantías de los mexicanos en el exterior con tres objetivos específicos:

  • Brindar asistencia y protección consular a personas mexicanas que enfrentan procesos penales por delitos graves en los que no han admitido su culpabilidad y que existan elementos legales suficientes para presumir su inocencia.
  • Brindar asistencia y protección consular a personas que hayan recibido sentencias desproporcionadas por injusticias del sistema.
  • Brindar asistencia y protección consular bajo los supuestos anteriores a poblaciones vulnerables.

Según la SRE, el programa será coordinado por la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, en donde se utilizarán los instrumentos jurídicos necesarios con la finalidad de establecer una clínica de derecho en EU para el análisis y diagnóstico de estos casos.

El documento establece que el Comité de Evaluación tiene las funciones para la Asistencia a Casos de Protección Consular que requieran apoyos económicos mayores a cinco mil dólares; por lo que el mismo órgano colegiado de manera adicional tiene facultades para autorizar los casos que requieran el dinero.

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