La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra el el juez de Distrito Enrique Beltrán Santes, al que acusó del delito contra la administración de justicia, ya que concedió la libertad condicional a Víctor Manuel Garcés, exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul vinculado a proceso por hechos relacionados con el desfalco de recursos de ese grupo.
Además de esto, calificó que su decisión fue absolutamente ilegal y absurda porque no se basó en argumentos y evidencia jurídica, sino solo en su apreciación, pese a que se le imputan delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales ameritan la prisión preventiva.
“El cambio de medida cautelar será impugnado, se sustenta en valoraciones enteramente subjetivas del juzgador, que no atienden la relevancia de las conductas delictivas atribuidas al imputado; sus argumentaciones claramente se advierte que versan sobre aspectos que desde cualquier punto de vista pueden ser consideradas como insubstanciales para ese tipo de decisión”.
La FGR explicó que el juez expresó que a lo largo del último año, Garcés presentó afectaciones de salud y ha mantenido buena conducta dentro de la cárcel; sin embargo, la defensa no acreditó ambas circunstancias con valoraciones médicas, desde que está en prisión preventiva desde el 10 de octubre de 2023, ni el Centro Preventivo Varonil Norte otorgó algún informe que acredite su buen comportamiento.
Otro elemento que la FGR puso en duda es que pese a que se acreditó que tiene acceso a varios domicilios y así puede evadirse de la justicia, Beltrán Santes manifestó que ellos pertenecen a sus hijas y exesposa, en este último habitó por casi 40 años y puede considerarse como su domicilio habitual.
“Es incorrecto lo señalado por el juez, ya que la Fiscalía fue enfática en advertir que de los datos de prueba ofrecidos por la defensa (entrevista de la exesposa del justiciable) no se desprende la conformidad de ésta con que el señor habite el domicilio, por lo que no debe inferirse que está conforme con dicha circunstancia únicamente por el dicho de la defensa”.
Bloqueo de la Unidad de Inteligencia Financiera
El juez añadió que la FGR no expuso que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas del acusado, hecho que fue negado por la Fiscalía y que incluso la defensa de Garcés se manifestó sobre ella, además de la existencia de recursos de una cuenta de inversión con más de 138 millones de pesos.
Enrique Beltrán resolvió que la cancelación de dicha cuenta de inversión le generaba la certeza de que Garcés aún tiene acceso a esos recursos, pues fue él quien tuvo que haberlos retirado para proceder a la liquidación.
“Nuevamente se verifica que el juez varía su propia argumentación contradiciéndose para favorecer a la defensa. Expresó que no se tiene certeza de que el dinero haya pasado a las arcas del imputado. No es cierto lo señalado por el juez, se tiene certeza de que los recursos forman parte de las arcas del justiciable.
“La Fiscalía argumentó que dichos recursos han sido retirados de la cuenta en efectivo y la defensa hasta el momento no ha acreditado lo contrario, se refiere que fueron depositados en una cuenta de Santander, pero no demostró prueba alguna que corrobore dicha circunstancia, por tanto no se tiene certeza de que los recursos que fueran depositados son los mismos retirados de Grupo Bursátil Mexicano”.
