Las medidas anunciadas por Nicolás Maduro el 1 de mayo agravan la precariedad en Venezuela, opina Ramón Cardozo.El pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, las calles de Venezuela se llenaron de voces indignadas. Miles de trabajadores y pensionados protestaron contra un salario mínimo pulverizado, bonos que precarizan el empleo y pensiones que condenan a la miseria. En un país asfixiado por la contracción económica, la inflación galopante y la devaluación del bolívar, estas manifestaciones reflejan el hartazgo ante una crisis que el chavismo no solo ha perpetuado, sino instrumentalizado.
Los índices económicos respaldan los reclamos de los trabajadores. El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) proyecta para 2025 una contracción del PIB de entre 2 % y 2,5 %, con una inflación anual que podría alcanzar el 220 %. El bolívar perdió un 30 % de su valor frente al dólar en el primer trimestre de 2025, mientras la canasta básica familiar se disparó a 552,29 dólares en abril, según Cendas-FVM. En este contexto, el salario mínimo de 130 bolívares —equivalente a 1,48 dólares— y las pensiones son una burla al derecho a una vida digna.
Las medidas anunciadas por Nicolás Maduro el 1 de mayo agravan la precariedad. Al mantener congelado el salario mínimo y priorizar bonos sin incidencia en prestaciones sociales, el régimen no compensa la pérdida de poder adquisitivo ni garantiza derechos laborales. La Confederación de Trabajadores de Venezuela y expertos laborales advierten que estas políticas profundizan la pobreza y la inseguridad social.
Esta crisis, más allá de lo económico, es estructural. La nueva edición de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2024) revela cómo dos décadas de chavismo han erosionado las capacidades esenciales de los venezolanos —salud, educación, acceso a servicios básicos—, dejando particularmente a los sectores populares vulnerables y desprotegidos ante cualquier adversidad.
Aunque suban los ingresos, la pobreza persiste
Entre 2014 y 2020, la pobreza por ingreso en Venezuela se disparó, alimentada por la hiperinflación, el colapso salarial y una economía en caída libre. En 2020, nueve de cada diez hogares no podían costear la canasta básica. Desde 2021, algunas medidas de liberalización económica y una relativa estabilidad cambiaria han permitido una leve recuperación: para el primer semestre de 2024, la pobreza por ingreso afectaba al 73,2 % de los hogares, una caída de 9,6 puntos respecto al 83,8 % de 2023, según datos de la ENCOVI 2024. Pese a esta mejora, Venezuela sigue entre los países más pobres de América Latina.
La ENCOVI 2024 advierte que esta mejora es un espejismo, amenazada por la inestabilidad económica que resurgió en 2024. La mejoría del ingreso no proviene de empleos formales ni salarios dignos, sino de factores volátiles como las remesas —que llegan al 27 % de los hogares— y los bonos gubernamentales. Estos bonos, insuficientes, irregulares y distribuidos discrecionalmente, no solo fallan en combatir la pobreza, sino que refuerzan la dependencia del Estado.
Pobreza que incapacita: vulnerabilidad crónica
Aun con leves mejoras en los ingresos, la pobreza en Venezuela persiste, alimentada por una crisis estructural que frustra cualquier avance. La ENCOVI 2024 revela que la pobreza multidimensional —que abarca carencias en salud, educación, empleo, servicios públicos y vivienda— apenas disminuyó 2,4 puntos entre 2023 y 2024, afectando al 56,5 % de los hogares. En contraste, la pobreza por ingreso cayó 9,6 puntos en el mismo período, evidenciando que el dinero, por sí solo, no basta para superar las privaciones que atan a millones a la precariedad.
Esta crisis ha erosionado las capacidades esenciales de los venezolanos, limitando su potencial para una vida digna y autónoma. Los datos son alarmantes: el 35,9 % de los jóvenes de 18 a 24 años está fuera del sistema educativo; más del 70 % de los estudiantes de primaria y bachillerato reprueban matemáticas y habilidades verbales; y el 60 % de los trabajadores sobrevive en la informalidad, sin estabilidad ni protección social, según la ENCOVI 2024 y el Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL).
En lo más básico, el 82,3 % de la población carece de acceso adecuado a alimentos, el 43,3% enfrenta inseguridad alimentaria, y el 10,5 % de los niños sufre talla baja, mientras el 9,3 % nace con bajo peso, según datos de la oenegé PROVEA.
Este tipo de carencias han sumido a los venezolanos, especialmente a los más pobres, en una vulnerabilidad crónica. La ENCOVI 2024 reporta que el 57,9% de los hogares enfrenta vulnerabilidad moderada o severa, con el 88 % de estos casos concentrados en el 30 % más pobre. Por primera vez, el ingreso no es el principal obstáculo, superado por déficits en educación, salud, servicios y estructura familiar.
Manipulación de la vulnerabilidad bajo el chavismo
La política económica y social del chavismo lejos de combatir la pobreza estructural y fortalecer las capacidades de los ciudadanos, manipula las carencias mediante un sistema de asistencia fragmentado, opaco y diseñado para consolidar el poder político por encima del bienestar social.
Programas como los bonos, las transferencias y la distribución discrecional de cajas CLAP de alimentos básicos no garantizan derechos ni fomentan autonomía, sino que operan como favores condicionados a la lealtad política. El Carnet de la Patria, obligatorio para acceder a estos beneficios, institucionaliza la dependencia y refuerza el control social, subordinando a los ciudadanos al régimen.
En el contexto de una crisis prolongada, estas ayudas —bonos, transferencias y cajas de alimentos— han pasado de ser un apoyo temporal a convertirse en el único sustento de muchos hogares, aunque no aseguren una vida digna. Según la ENCOVI 2024, el 76,6 % de los hogares recibió al menos un bono temporal en el último año, con un monto promedio mensual de 43,1 dólares por hogar. Sin embargo, su impacto es muy limitado, su distribución es regresiva, su frecuencia irregular y su diseño no busca mejorar las condiciones de vida, sino perpetuar la precariedad.
Lejos de ser transitoria, esta dependencia se ha arraigado como una condición estructural de la vida cotidiana de los hogares venezolanos. El objetivo del régimen es claro: lograr que amplios sectores de la población, especialmente los más vulnerables, concluyan que el progreso personal en Venezuela es inalcanzable sin la intervención directa del Estado. Al manipular la escasez y distribuir recursos de forma selectiva, el chavismo convierte la pobreza en una herramienta de control, condicionando el comportamiento político de la ciudadanía.
Sin embargo, los venezolanos se resisten a someterse a este esquema de servidumbre moderna. El 28 de julio de 2024, más del 70 % de los votantes rechazó a Nicolás Maduro en las urnas, apostando por un futuro de libertad, dignidad y oportunidades. Aunque el régimen impuso su continuidad mediante un fraude electoral, ese anhelo mayoritario de cambio y reconstrucción terminará abriéndose camino.
(rml)
