La Fiscalía General de la República (FGR) denunciará a Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, ya que brindó “escandalosa protección” al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pese a que no se presentó a declarar y le otorgó una nueva fecha para que lo haga.
En el juicio que se le sigue a Aureoles es por el desvío de tres mil 412 millones de pesos para la construcción de cuarteles policíacos en Apatzingan, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Aunque la jueza ordenó al exgobernador de Michoacán acudir a comparecer el 9 de mayo, Aureoles Conejo no lo hizo, lo cual fue verificado por la FGR, cuyo personal estuvo en el juzgado.
Por lo que el Ministerio Público Federal solicitó a la juez que informara sobre lo ocurrido, la sorpresa fue que cuatro días después, Jovita Vargas Alarcón dejó por comparecido a Silvano Aureoles quien no se presentó a la audiencia, pero presentó un escrito no ratificado de dicho individuo.
“Alegando lo anterior, le dio una nueva audiencia, evidentemente parcial y dilatoria, para dentro de tres meses, violando el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales que señala que la misma debe celebrarse en un lapso de 15 días posteriores; independientemente de que no existe justificación legal frente a la no comparecencia de este individuo”.
La FGR añadió que en esa audiencia al exgobernador se le tenía que ratificar la orden de aprehensión vigente, misma que las autoridades judiciales han suspendido ilegalmente, brindándole “una protección que es notoriamente parcial e injusta”.
Por lo que no solo se procederá a la denuncia penal contra Jovita Vargas Alarcón, también se hará una queja procesal que se iniciará a la brevedad.
El 23 de abril se otorgó una suspensión al exgobernador contra cualquier orden de aprehensión que se haya girado en su contra, protección concedida por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.
La medida tendría efecto hasta que se resolviera de fondo del juicio de amparo promovido por su defensa, en contra de una orden de aprehensión cuya motivación, alegó, no habían sido confirmada por la FGR.
