Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) detuvieron a cuatro integrantes del grupo delictivo “El Charmin”, dedicados a la venta y distribución de narcóticos en las alcaldías Benito Juárez, Iztacalco y Venustiano Carranza.
Entre ellos, se detuvo a Pablo Donaldo Mendoza Cornejo de 22 años, hijo de “El Charmin” líder de la célula delictiva, quien se reunía en una cafetería de la alcaldía Benito Juárez con Luis Alejandro Galicia Herrera, de 33 años; Carlos Javier Herrera Juárez, de 46; y Miguel Alfredo Hernández González, de 38 años.
Con apoyo de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina Armada de México (Semar) y de la Guardia Nacional (GN), la SSC ejecutó dos órdenes de cateo en la alcaldía Venustiano Carranza, una en Iztacalco, y una en Benito Juárez, en el que aseguraron aparente droga, teléfonos celulares y documentación diversa.
De acuerdo con las indagatorias y los trabajos de inteligencia, se supo que el hijo de “El Charmin” se desplazaba principalmente en las alcaldías Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztacalco, donde utilizaban diferentes domicilios para sus actividades cotidianas, con el objetivo de desviar la atención de las autoridades.
La SSC implementó un despliegue operativo simultáneo en dos viviendas ubicadas en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza; una en la colonia Acacias, de la alcaldía Benito Juárez y una más en la colonia Gabriel Ramos Millán, de la alcaldía Iztacalco, donde se actuó sin uso de la fuerza, en estricto apego a los protocolos de actuación policial y respeto a los derechos humanos.
Resultado de lo anterior fueron detenidos los integrantes del grupo delictivo “El Charmin”, y fueron aseguradas 351 dosis de posible metanfetamina, 365 gramos de la misma sustancia, 349 dosis de aparente cocaína, un kilogramo de la misma sustancia, cinco equipos telefónicos y dos identificaciones oficiales.
Al término de las diligencias, las personas detenidas fueron informadas de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica, mientras que los inmuebles fueron sellados y se encuentran bajo resguardo policial.
