Con la suspensión del amparo migratorio TPS, 76.000 hondureños y nicaragüenses enfrentan una posible deportación en septiembre tras haber vivido más de dos décadas en EE. UU.En 1998, el huracán Mitch golpeó con furia Centroamérica. Se calcula que cerca de 7.000 hondureños y casi 4.000 nicaragüenses perdieron la vida tras el paso del segundo ciclón más mortífero en la historia del Atlántico.
Miles de centroamericanos afectados por la catástrofe natural emigraron a Estados Unidos bajo el amparo del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), mecanismo que permite vivir y trabajar temporalmente en el país norteamericano a ciudadanos de determinados países, afectados por desastres naturales o conflictos armados.
"Una decisión muy cruel"
Sin embargo, fiel a su promesa de frenar la inmigración irregular, el 7 de julio, el Gobierno en Washington anunció la cancelación del TPS para hondureños y nicaragüenses, argumentando que las condiciones en sus países de origen ya no justifican el amparo.
Ahora, estos cerca de 76.000 beneficiarios del TPS tienen un plazo de 60 días para regular su situación migratoria o abandonar Estados Unidos.
"La decisión es muy cruel", recalca Yanira Arias, coordinadora de la iniciativa de Justicia Migrante de la organización estadounidense Alianza Américas.
"Estamos hablando de personas que llevan 25 años viviendo en Estados Unidos, haciendo comunidad, contribuyendo, con familiares nacidos en Estados Unidos o cónyuges estadounidenses. Probablemente, esas familias van a tener que separarse, y el abuelo o la abuela que tiene el TPS, va a ser obligado a irse a un país en el que no ha estado desde hace más de 20 años", prosigue la salvadoreña Arias, que también es beneficiaria del Estatus de Protección Temporal.
Asimismo, critica que el Gobierno de Donald Trump haya retrasado por 62 días el anuncio de la cancelación del TPS, una decisión que, de acuerdo con la ley, debió haber comunicado el 5 de mayo. "Nos llena de mucha indignación", comenta la vocera de Alianza Américas, en entrevista con DW.
"Un trastorno sicosocial"
Uno por uno, el Gobierno en Washington ha ido cancelando el amparo migratorio para los 17 países beneficiarios.
"La suspensión del TPS a estas dos nacionalidades es consistente con la agenda del presidente Trump de eliminar en la medida de lo posible las estadías temporales. De las cerca de 900.000 personas bajo el TPS, quedan pocos países protegidos por esa vía", explica a DW el politólogo Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano.
Actualmente, El Salvador es el único país latinoamericano al que no le ha sido denegado el amparo.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la medida de Trump afecta a unos 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses.
"El retorno a Nicaragua significa un trastorno sicosocial, así como un riesgo, ya que Nicaragua es un Estado policial en donde la democracia se criminalizó negando derechos civiles y políticos a sus ciudadanos", opina Manuel Orozco, también nicaragüense.
En ese sentido, el experto del Diálogo Interamericano recuerda a DW que el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Ortega-Murillo, en Nicaragua, de "enemigo de la humanidad". De ahí que la cancelación del TPS sea una medida "inconsistente".
Condiciones en los países de origen
"Es importante tomar en cuenta por qué se da esta protección temporal. ¿Cuáles fueron las condiciones en las que se otorgó?", señala, por su parte, Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Tanto Honduras como Nicaragua "han enfrentado impunidad estructural, violencia, pobreza y falta de acceso a servicios básicos. Y esas condiciones siguen estando vigentes", subraya Méndez, en entrevista con DW.
El alcance de la medida "es grande, más allá del impacto económico que pueda tener, tanto para Estados Unidos como para los países centroamericanos, por las remesas", asegura.
En el marco de un acuerdo bilateral entre Honduras y Estados Unidos, el país centroamericano se comprometió a aceptar a migrantes deportados del país del norte. "Habrá que ver también qué acciones toma el mismo Gobierno hondureño. Curiosamente, el canciller, Javier Bu, sale a decir que esta decisión del TPS es una muestra de que están mejorando las condiciones en el país. Lo cual me parece erróneo", observa la experta de WOLA.
Primeras demandas
La Alianza Nacional TPS y siete demandantes individuales ya presentaron una demanda contra la Administración de Trump por la terminación del amparo para personas originarias de Honduras, Nepal y Nicaragua.
Sin embargo, los beneficiarios no pueden esperar a ver si la demanda prospera. Hasta el 6 de septiembre deberán intentar ajustar su estatus migratorio a través de familiares residentes o ciudadanos u otras vías.
"Muchos podrán optar por ajustar su estatus, otros tendrán por asumir el riesgo de quedarse bajo la sombra y vivir en riesgo de deportación cambiando su modus vivendi, buscando otro trabajo", cree el doctor Manuel Orozco. "La realidad es difícil", agrega, "porque no es económica ni humanamente posible irse a rehacer la vida con 60 días de notificación para personas que llevan más de dos décadas en el país".
(ms)
