Aunque la población ve los juicios a exmandatarios como una oportunidad para acabar con la impunidad y garantizar la justicia, estas iniciativas jurídicas no están exentas de intereses.La condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria ha reavivado la polarización tradicional de Colombia. Las fuerzas del uribismo anhelan la reivindicación de su líder y han convocado a sus seguidores a una movilización masiva en las calles para el 7 de agosto, para reclamar una justicia politizada y parcializada por el Gobierno del presidente Petro.
En el caso de Colombia, es un hito histórico haber enjuiciado (aunque sea ahora en primera instancia) al primer expresidente de la República. Sin embargo, en comparación con los demás países latinoamericanos, no es un caso excepcional. Siempre ha sido una situación especial convertir a una de las personalidades más influyentes de la historia reciente de un país en prisionero con un veredicto adverso, pero al mismo tiempo, tales procesos han sido considerados como muy politizados, lo que de entrada en el discurso político pone en entredicho la imparcialidad del sistema judicial correspondiente con el reclamo de sesgos políticos. No sorprende, entonces, que Álvaro Uribe se haya referido al juicio con las siguientes palabras: "Aquí ha predominado la política sobre el derecho (...) No es un fallo autónomo, sino con determinadores políticos por el interés oficial de silenciar a un líder opositor". Ante el panorama preelectoral del país, no sorprende la referencia a esta situación con la declaración del expresidente, quien afirma que este juicio forma parte "del proceso de consolidación de la dictadura neocomunista" que está sufriendo su país. Sin embargo, el juicio apenas está empezando y es solo el principio del caso, ya que es posible que en las instancias que siguen se inicie un camino largo hasta llegar a la Corte Suprema. A medida que se acerquen las elecciones de 2026 y tanto el presidente Petro como los adeptos del expresidente Uribe quieran jugar un papel relevante en ellas, se reducirán los espacios para una justicia independiente en el caso Uribe.
Entre la politización de la justicia y la judicialización de la política.
En cierto modo, estos juicios a exmandatarios latinoamericanos reflejan la situación política de cada país, con sus niveles de polarización y confrontación política, por un lado, y el grado de autonomía y respeto hacia las instancias judiciales, por otro. Aparte, Colombia es un caso ejemplar de la prevalencia de una cultura de abogados, con 728 por cada 100.000 habitantes (2022), por lo que es el país con mayor tasa de abogados a nivel global y con mayor tendencia a la judicialización de la política.
Aunque la población ve los juicios a los exmandatarios como una oportunidad para acabar con la impunidad y garantizar la justicia para las víctimas de violaciones de los derechos fundamentales y actos de corrupción cometidos durante el ejercicio de sus funciones, estas iniciativas jurídicas no están exentas de intereses para generar legitimidad a sus sucesores. Un caso muy llamativo en este sentido fue la consulta popular de México de 2021, iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para legitimar su interés en que se investigara y llevara a juicio a los cinco expresidentes que le precedieron. Sin embargo, solo votó el 7 % de los posibles electores, por lo que la consulta careció de carácter vinculante.
Una larga historia de casos
Sin embargo, los casos más conocidos siguen presentes en los debates públicos, como la prisión y posterior anulación de la condena del actual presidente, Lula da Silva, que puso a la justicia brasileña en el punto de mira a nivel mundial, al igual que el juicio en curso contra su sucesor, Jair Bolsonaro, en el que el presidente de EE. UU., Donald Trump, trata de influir imponiendo aranceles al país y emprendiendo acciones contra el juez que lleva el caso contra Bolsonaro. Las movilizaciones en la calle por parte de los seguidores de Bolsonaro son un claro indicio de la eterna lucha entre la politización de la justicia y la judicialización de la política en la opinión pública. Del mismo modo, la condena a seis años de prisión por corrupción e inhabilitación política de por vida de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha suscitado dudas sobre motivos políticos para excluirla de la vida política de Argentina. Aunque está disfrutando del beneficio de la prisión domiciliaria por su edad, ella y sus seguidores siguen anhelando que se anule el juicio.
El país con más casos de juicios contra expresidentes sigue siendo Perú, donde seis de los siete últimos presidentes están siendo investigados, tres de los cuales siguen actualmente en prisión. El caso más conocido es el de Alberto Fujimori (1990-2000), al que le siguieron Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022), este último actualmente en prisión preventiva. La actual presidenta del país, Dina Boluarte, también podría enfrentarse a posibles acusaciones por violación de los derechos humanos cuando deje el cargo en julio de 2026.
En el caso de Bolivia, la última gobernante, Jeanine Áñez, llegó al poder tras el derrocamiento de Evo Morales, quien, a su vez, está siendo investigado por las autoridades y se esconde en el trópico de Cochabamba, protegido por un cerco civil en la sede de una federación cocalera. La crisis política del país y la fragmentación interna de su partido MAS, así como el profundo desequilibrio económico y social de Bolivia, son elementos de un contexto complejo que no facilita la solución político-judicial de los profundos problemas de gobernanza del país.
Todos estos casos dejan muy claro que no existe una línea clara entre política y derecho. Las propias movilizaciones que acompañan a los juicios indican que el debate público siempre está muy polarizado, reclamando a un tribunal de obedecer al oficialismo o acusándolo de ser cómplice de la corrupción. La justicia solo podrá resolver conflictos sociales en condiciones de alta aceptación de su labor y su institucionalidad; a veces, los casos con alta volatilidad política superan su capacidad de resolución de conflictos políticos.