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NYT revela orden secreta de Trump que avala fuerza letal contra cárteles de México y Venezuela

La medida permitiría capturar o eliminar líderes criminales, rompiendo el enfoque tradicional de cooperación con agencias civiles antidrogas

México y Venezuela rechazan permitir operaciones militares estadounidenses en su territorio, pese a la presión política y diplomática de Trump.
México y Venezuela rechazan permitir operaciones militares estadounidenses en su territorio, pese a la presión política y diplomática de Trump. Foto: Grok

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva que autoriza al Pentágono a desplegar fuerzas militares para atacar a cárteles de la droga en América Latina, incluidos grupos en México y Venezuela que su gobierno ha clasificado como organizaciones terroristas extranjeras.

De acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times, la medida marca un giro drástico en la estrategia antidrogas estadounidense, pasando de la cooperación con autoridades civiles a la posibilidad de operaciones militares directas en territorio extranjero y en aguas internacionales.

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De la guerra contra las drogas a la guerra militar

La orden presidencial, revelada por fuentes con conocimiento de las discusiones internas, permitiría al ejército estadounidense capturar o eliminar a líderes de cárteles, algo que hasta ahora había sido considerado un terreno exclusivo de las agencias policiales.

Aunque la Casa Blanca insiste en que la prioridad de Trump es “proteger la seguridad nacional”, la decisión plantea serias dudas legales. Expertos citados por el NYT advierten que usar fuerza letal contra presuntos miembros de cárteles fuera de un conflicto armado podría considerarse asesinato bajo la legislación estadounidense y violar el derecho internacional si se realiza sin el consentimiento del país afectado.

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México y Venezuela en la mira

Desde que retomó la presidencia en enero, Trump ordenó al Departamento de Estado clasificar como terroristas a varias organizaciones criminales, entre ellas el Tren de Aragua (Venezuela), la pandilla MS-13 y el Cártel de los Soles, al que su administración señala como dirigido por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Hace apenas dos semanas, Washington impuso sanciones al Cártel de los Soles y duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusado de encabezar una red internacional de narcotráfico que colabora con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

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El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nuevo Generación están entre los principales objetivos del Gobierno de Trump. (Imagen generada con Grock)

En abril, Trump propuso a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum permitir operaciones militares estadounidenses contra cárteles en territorio mexicano, propuesta que fue rechazada. Sin embargo, EE.UU. ha intensificado vuelos de drones de reconocimiento para localizar laboratorios de fentanilo y otras operaciones de vigilancia en la frontera.

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Un movimiento con precedentes y polémica

Históricamente, el ejército estadounidense ha participado en labores antidrogas en América Latina, pero como apoyo a fuerzas civiles y bajo mando de la Guardia Costera o agencias como la DEA. Operaciones unilaterales directas —como la invasión a Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega— han sido condenadas por la ONU como violaciones al derecho internacional.

La actual orden de Trump, según el NYT, representa una escalada sin precedentes: una autorización abierta para que fuerzas estadounidenses actúen de manera ofensiva contra cárteles como si se tratara de grupos terroristas armados, al estilo de Al Qaeda o ISIS.

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Debate legal y político

Bajo la ley estadounidense, designar a un grupo como organización terrorista permite congelar activos y restringir su movilidad, pero no otorga automáticamente autoridad para acciones militares. Para atacar con fuerza letal, Trump podría argumentar que actúa bajo sus facultades constitucionales de defensa nacional, posiblemente usando la crisis de sobredosis de fentanilo como justificación.

Sin embargo, juristas advierten que cualquier operación de captura o eliminación fuera de un conflicto armado reconocido podría violar la prohibición ejecutiva contra asesinatos y abrir la puerta a demandas o sanciones internacionales.

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