El caso de Ana Febe Rojas Vega, pedagoga de 28 años egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha generado cuestionamientos sobre una posible muerte violenta encubierta por fallas en la investigación.
Aunque la carpeta se abrió por homicidio culposo, la familia sostiene que existen elementos suficientes para clasificarlo como feminicidio. Además, señalan la influencia de una congregación religiosa como factor que habría contribuido a la permanencia de la víctima en una relación marcada por violencia.
Violencia en casa y control de una iglesia
Según un reporte de Nmás, Ana Febe vivía un patrón de violencia que se intensificó tras su matrimonio en octubre de 2025. Su esposo, identificado como Cristian “N”, presuntamente ejercía agresiones físicas sin dejar huellas visibles, además de imponer aislamiento total: le restringía el uso de dispositivos y redes sociales.
La familia también denuncia irregularidades en la investigación. Aseguran que las autoridades tardaron horas en atender el caso y no resguardaron adecuadamente la escena. Cuestionan, además, la versión oficial de intoxicación por monóxido de carbono, al considerar inverosímil que el esposo no percibiera el gas.
Otro elemento clave es la congregación religiosa “El Remanente”, señalada por presuntamente persuadir a la víctima para no abandonar la relación, bajo interpretaciones rígidas de la fe que derivaron en culpabilización y omisión a los antecedentes de violencia.
Sheinbaum y el llamado a investigar el crimen
Durante su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que, por ley, toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como feminicidio: “Si en el transcurso de la investigación resulta que no es feminicidio, después se cambia la carpeta. Pero de origen tiene que ser investigado así”.
Por su parte, la hermana de la víctima aseguró en un video difundido en redes sociales que Ana Febe “fue asesinada” y responsabilizó directamente al esposo, su entorno y la congregación. También denunció intentos de cerrar el caso por supuestas fallas en la cadena de custodia y ocultamiento de evidencia.