Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta un nuevo revés en tribunales internacionales que podría traducirse en un impacto directo para las finanzas del Estado mexicano. Una Corte de Ontario, en Canadá, falló a favor de inversionistas de la empresa Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, lo que abre la posibilidad de que México deba pagar hasta 270 millones de dólares como indemnización.
La resolución deja sin efecto el dictamen emitido en agosto de 2024 por un Tribunal Arbitral constituido bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual había desestimado las reclamaciones de la firma y ordenado a los inversionistas cubrir 400 mil dólares por gastos del proceso.
Revés legal y conflicto de interés
De acuerdo con información especializada en arbitraje internacional, la Corte canadiense determinó revertir la decisión tras considerar que uno de los integrantes del tribunal arbitral, el coárbitro chileno Andrés Jana, no reveló un posible conflicto de interés durante el proceso.
Este elemento fue clave para invalidar el laudo previo y reabrir el caso, lo que coloca nuevamente en riesgo a Pemex frente a una posible obligación de pago millonaria.
Impacto económico para Pemex y el Estado
El fallo no implica de forma automática el desembolso de los 270 millones de dólares, pero sí abre la puerta a que los inversionistas reclamen dicha indemnización en una nueva etapa legal.
De concretarse, el pago representaría una presión adicional para Pemex, que arrastra una compleja situación financiera y elevados niveles de endeudamiento. Además, el impacto no solo recaería en la empresa productiva del Estado, sino en las finanzas públicas del país.
A esto se suma la orden de la Corte de Ontario de cubrir aproximadamente 100 mil dólares por gastos procesales, monto que deberá liquidarse en un plazo cercano a 30 días.
Origen del conflicto
El litigio tiene su origen en la relación contractual entre Pemex y Oro Negro entre 2013 y 2015, periodo en el que la empresa privada arrendó cinco plataformas petroleras a la compañía estatal.
Según los inversionistas, Pemex habría inducido modificaciones en los contratos para reducir tarifas. También señalaron —sin que esto haya sido acreditado judicialmente como delito en esta resolución— que existieron presiones vinculadas a supuestos actos de corrupción y un trato preferencial hacia competidores.
Además, sostienen que en 2017 los contratos fueron terminados de manera anticipada, a pesar de que aún estaban vigentes.
Implicaciones para la inversión
El caso Oro Negro vs Pemex involucra a 27 inversionistas internacionales y reaviva cuestionamientos sobre la certidumbre jurídica en proyectos vinculados al sector energético en México.
Aunque aún no se han detallado las alternativas legales que podría seguir el gobierno mexicano tras la decisión de la Corte canadiense, el fallo introduce un nuevo factor de riesgo en la relación de Pemex con inversionistas extranjeros.
Un caso que sigue abierto
El litigio aún no concluye y el monto final que podría pagar México no está definido de manera definitiva. Sin embargo, la resolución representa un giro relevante en un caso que se remonta a más de una década y que incluso llevó a Oro Negro a declararse en quiebra en 2019, tras acumular pasivos superiores a 950 millones de dólares.
En este contexto, el desenlace del caso será clave no solo para Pemex, sino para la percepción internacional sobre el manejo de contratos y disputas en el sector energético mexicano.