La gentrificación dejó de ser un concepto lejano para convertirse en una realidad que expulsa silenciosamente a miles de capitalinos de sus barrios. Ante este escenario crítico, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca imponer rentas justas, razonables y asequibles en la Ciudad de México, marcando el inicio de una batalla legislativa contra el encarecimiento desmedido de la vivienda.
“Respondemos a un sentir social profundo”, afirmó la mandataria capitalina, al advertir que el problema ya no es aislado, sino parte de una crisis global que ha dejado a más de 3 mil millones de personas sin acceso a vivienda adecuada en grandes ciudades.
Crisis inmobiliaria: cifras que encienden las alarmas
El diagnóstico es contundente:
- 2 millones de personas rentan vivienda en CDMX, es decir, uno de cada cuatro habitantes.
- Entre 2010 y 2020, esta cifra creció en 135 mil personas.
- El precio de la vivienda se duplicó entre 2015 y 2025, empujando a miles fuera de zonas céntricas.
- Solo 1 de cada 10 jóvenes tiene acceso a vivienda propia.
Estos datos reflejan una presión inmobiliaria que está transformando colonias tradicionales, elevando costos y debilitando el arraigo comunitario.
La reforma: el muro legal contra la gentrificación
La iniciativa presentada por Clara Brugada se construye sobre cuatro ejes clave que buscan frenar el desplazamiento urbano:
- Topar el aumento de rentas: ningún incremento anual podrá superar la inflación.
- Más vivienda social: obligación del Estado de ampliar la oferta accesible.
- Defensa del inquilino: creación de una institución pública que regule y proteja las relaciones de renta.
- Derecho al arraigo: reconocimiento constitucional para evitar la expulsión cultural y económica de comunidades.
¿Fin a la expulsión silenciosa?
La propuesta surge tras un proceso de consulta ciudadana iniciado con el “Bando Uno”, donde se recogieron demandas urgentes frente a una ciudad cada vez más cara y excluyente.
Brugada fue clara: el objetivo es que vivir en la capital no dependa del nivel de ingresos. “Hoy damos un paso histórico para que habitar esta ciudad sea un derecho y no un privilegio”, sentenció.
El reto: convertir la iniciativa en realidad
El siguiente paso está en manos del Congreso capitalino, donde se espera que la reforma y su ley secundaria sean discutidas en el próximo periodo de sesiones, en el mes de septiembre. Lo cual podría tener complicaciones por la ruptura que se ha dejado entrever entre Morena, PT y el Verde.
Mientras tanto, la tensión crece: la gentrificación avanza, los precios no se detienen y miles de capitalinos enfrentan el riesgo de abandonar los barrios que han habitado por generaciones.