La construcción de la Línea 5 del Cablebús enfrenta fuertes cuestionamientos desde el Congreso capitalino. Vecinos y la diputada del PAN, Lizzette Salgado denunciaron presuntas irregularidades, falta de transparencia y omisiones técnicas que, aseguró, ponen en duda la viabilidad social y estructural del proyecto.
La legisladora del PAN advirtió que el desarrollo de esta nueva línea —que pretende conectar zonas de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras— se está llevando a cabo sin información clara y sin la participación de los ciudadanos que resultarían directamente afectados.
Cuatro ejes críticos que ponen en duda el proyecto
Son cuatro puntos clave los que evidencian fallas graves en la planeación de la Línea 5:
1. Opacidad informativa: A pesar de tratarse de una obra de más de 15 kilómetros que impactaría a más de 137 mil personas, no se han publicado estudios técnicos, análisis de impacto urbano ni el trazo definitivo. Esta falta de transparencia ha generado incertidumbre entre habitantes de colonias como Nonoalco y Mixcoac.
2. Exclusión ciudadana: La diputada denunció que, a diferencia de otros proyectos como la Línea 3 del Cablebús, donde hubo mesas de trabajo con vecinos, en este caso las autoridades han ignorado el derecho a la participación ciudadana. Vecinos acusan que no han sido consultados ni informados de manera adecuada.
3. Riesgos geológicos y ambientales: Uno de los puntos más alarmantes es que el trazo contemplado cruzaría zonas de alta complejidad geológica, como las fallas de Mixcoac y Contreras, asociadas a microsismos recientes. Además, advirtió posibles afectaciones al Río Mixcoac y a áreas vulnerables a inundaciones.
4. Saturación del CETRAM Mixcoac: La legisladora también alertó sobre el colapso del CETRAM Mixcoac, el cual ya presenta saturación. La incorporación del Cablebús sin un plan integral de reordenamiento del transporte podría agravar el caos vial y de movilidad en la zona.
Exigen legalidad y diálogo real
La diputada subrayó que la exigencia no es frenar el proyecto, sino garantizar que se ejecute conforme a la ley y con respeto a la ciudadanía.
En ese sentido, hizo un llamado a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Obras y Servicios para abrir espacios reales de diálogo e implementar mecanismos informativos y consultivos.
“Lo que se pide no es un favor político, es una obligación legal. Los vecinos merecen respuestas, no imposiciones”, sentenció.