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“No hay riesgo”: Sheinbaum rompe el silencio tras entrega de Gerardo Mérida y Enrique Díaz a EE.UU.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no teme las declaraciones que puedan hacer en Estados Unidos los exfuncionarios sinaloenses

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que no existe ningún riesgo para su gobierno tras la entrega a autoridades de Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exfuncionarios ligados al gobierno de Sinaloa y señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre la posibilidad de que ambos exservidores públicos colaboren con las autoridades estadounidenses o revelen información comprometedora. Ante ello, respondió que la decisión de entregarse fue completamente personal.

“Fue una decisión de ellos”, afirmó la mandataria, quien además sostuvo que no existe preocupación por lo que puedan declarar ante las cortes de Estados Unidos.

¿Quiénes son Gerardo Mérida y Enrique Díaz?

Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega formaron parte del gobierno encabezado por el morenista Rubén Rocha Moya en Sinaloa.


Ambos fueron acusados por autoridades estadounidenses de presuntamente colaborar con integrantes del Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”.

Las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos también involucran a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

Gerardo Mérida se entregó en Arizona y posteriormente compareció ante una corte en Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos relacionados con narcotráfico. Enrique Díaz también quedó bajo custodia estadounidense días después.

Sheinbaum había evitado hablar del tema

Las declaraciones de este lunes contrastan con la postura que la presidenta mantuvo días atrás. Durante una gira en Yucatán, Sheinbaum evitó responder preguntas de la prensa sobre la entrega de ambos exfuncionarios.

En ese momento, el gobierno federal insistía en que Estados Unidos debía presentar pruebas contundentes antes de que México tomara alguna postura oficial respecto a las acusaciones contra funcionarios sinaloenses.

El caso ha provocado una fuerte presión política sobre el gobierno de Sinaloa y ha intensificado el debate sobre la presunta infiltración del narcotráfico en estructuras políticas mexicanas. Además, ocurre en medio de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos relacionadas con operativos antidrogas y solicitudes de extradición.

Mientras continúan las investigaciones en territorio estadounidense, la atención permanece sobre posibles nuevas entregas o acusaciones contra otros personajes vinculados al gobierno sinaloense.

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