El presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva para que reguladores bancarios y agencias federales revisen con mayor atención si personas sin estatus legal en Estados Unidos abren cuentas, o solicitan préstamos, tarjetas de crédito o hipotecas, reveló Metro World News.
Este es el nuevo frente migratorio de la Casa Blanca, en el que ya no se busca solo reforzar la frontera o aumentar deportaciones, sino también pone presión sobre el acceso de indocumentados al sistema financiero.
Según lo que difundió la Casa Blanca, la orden no impone de forma inmediata una obligación general de recopilar información sobre ciudadanía de todos los clientes; sin embargo, instruye a reguladores y departamentos del gobierno a buscar señales de riesgo cuando personas sin estatus legal usen servicios financieros.
La Casa Blanca justificó la decisión al señalar que los bancos podrían enfrentar riesgos crediticios si un cliente es deportado y deja de pagar un préstamo.
También sostuvo que no permitirá riesgos al sistema financiero derivados de extender crédito o servicios financieros a población considerada inadmisible o sujeta a deportación.
Qué implica para indocumentados
Para los migrantes en Estados Unidos sin estatus legal, el impacto puede sentirse en varios niveles: apertura de cuentas, mantenimiento de productos bancarios, tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos de auto e hipotecas.
La orden no significa que todas las cuentas de indocumentados serán cerradas automáticamente, pero sí puede provocar revisiones más estrictas, solicitudes adicionales de documentos y mayor cautela de bancos o prestamistas antes de aprobar nuevos productos.
El punto más sensible está en el ITIN, el Número de Identificación Personal del Contribuyente que muchas personas sin número de Seguro Social usan para declarar impuestos o realizar trámites financieros.
La orden de la Casa Blanca coloca el uso del ITIN bajo mayor observación cuando no exista estatus migratorio legal verificado o autorización de empleo, y esto puede afectar especialmente a trabajadores que pagan impuestos, pero no cuentan con SSN ni residencia legal.
Qué documentos podrían pedir
Bajo las reglas actuales del programa de identificación de clientes, los bancos en Estados Unidos ya deben verificar información básica de quienes abren cuentas: nombre, fecha de nacimiento, dirección e identificación fiscal o documento equivalente.
Para personas no estadounidenses, la regulación permite usar documentos como número de identificación fiscal, pasaporte y país de emisión, tarjeta de extranjero o algún documento gubernamental que pruebe nacionalidad o residencia y que tenga fotografía o medida de seguridad.
Con la nueva orden de Trump, podrían cobrar más importancia documentos como SSN, ITIN, pasaporte vigente, identificación extranjera, tarjeta de residencia, visa, permiso de trabajo, documento de autorización de empleo, número de extranjero o pruebas de estatus migratorio legal.
La orden también pide revisar los riesgos asociados con identificaciones consulares extranjeras, lo que podría afectar a personas que usan matrículas consulares u otros documentos de sus países de origen para identificarse ante instituciones financieras.
¿Aumentará el uso de efectivo?
Uno de los efectos no deseados de esta nueva orden ejecutiva podría ser que más personas migren hacia el dinero en efectivo para evitar bancos, revisiones o reportes asociados con su estatus migratorio.
Si una persona teme que su cuenta bancaria pueda ser revisada por motivos migratorios, puede optar por manejar pagos, ahorros, remesas o ingresos fuera del sistema bancario formal, eso puede llevar a más uso de efectivo, préstamos informales, servicios de envío de dinero, terceros o canales financieros menos visibles.
La propia orden ejecutiva reconoce riesgos relacionados con pagos fuera de nómina, negocios de servicios monetarios no registrados, plataformas de pago entre particulares, depósitos o retiros repetidos por debajo de umbrales de reporte y estructuras diseñadas para evadir controles de la Bank Secrecy Act.
En términos prácticos, la medida busca reforzar controles contra fraude, lavado y evasión fiscal, pero también puede empujar a sectores vulnerables fuera de los bancos, justo hacia operaciones más difíciles de rastrear.
El debate no solo es migratorio, también financiero, pues si más migrantes evitan los bancos, las autoridades pueden perder visibilidad sobre ingresos, pagos, remesas, deudas y movimientos de dinero.
Por sorprendente que parezca, en 2023 el 4.2% de los hogares en Estados Unidos, alrededor de 5.6 millones, no tenía cuenta bancaria, según FDIC.
Además, 14.2% de los hogares estaba sub-bancarizado, es decir, tenía cuenta bancaria pero también dependía de servicios financieros no bancarios.
Estos datos ayudan a entender que endurecer el acceso al sistema bancario puede ampliar la población que usa canales alternativos, especialmente entre comunidades con menor confianza en las instituciones o con temor a consecuencias migratorias.
Créditos e hipotecas con ITIN
El mercado de créditos con ITIN ya era limitado antes de esta orden, un estudio del Urban Institute estimó entre cinco mil y seis mil hipotecas emitidas a clientes con ITIN, documento usado frecuentemente por trabajadores indocumentados en lugar de un número de Seguro Social.
El mismo reporte señala que bancos, Fannie Mae y Freddie Mac suelen ser cautelosos con préstamos ligados a ITIN, lo que hace menos probable que estas personas accedan a una hipoteca formal.
Con la nueva orden, ese acceso podría volverse todavía más difícil, no necesariamente por una prohibición inmediata, sino por el aumento del riesgo regulatorio para instituciones que atienden a clientes sin estatus legal claramente documentado.
Lo que deben saber los migrantes
La orden de Trump no elimina de golpe el acceso bancario para todos los migrantes sin papeles, pero ahora forma parte de la estrategia de control de la Casa Blanca.
Quienes usan ITIN, documentos consulares o identificaciones extranjeras podrían enfrentar más revisiones, especialmente si buscan abrir una nueva cuenta, solicitar crédito, tramitar una hipoteca o realizar operaciones que llamen la atención del banco.
Por ahora, el impacto real dependerá de las reglas que emitan el Departamento del Tesoro y los reguladores bancarios en los próximos meses.