La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó reasumir su competencia originaria para conocer un amparo en revisión relacionado con la eutanasia y el suicidio asistido en México, un caso que podría abrir la puerta a un criterio histórico sobre muerte asistida, autonomía personal y derecho a decidir al final de la vida.
El asunto deriva del amparo promovido por una mujer que fue diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama, quien impugnó diversos artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal de la Ciudad de México, al considerar que dichas normas prohíben la eutanasia y el suicidio asistido, además de limitar su autonomía para decidir cómo y cuándo concluir su ciclo de vida.
Con esta decisión, el máximo tribunal del país podrá analizar si la prohibición vigente en el orden jurídico sanitario y penal es compatible con derechos como la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad, el derecho a decidir y el proyecto de vida.
Durante la discusión, el ministro Arístides Guerrero García sostuvo que la Corte debe entrar al debate de este tema, como ha ocurrido en otros tribunales constitucionales del mundo.
“En Austria, también a partir de un fallo del tribunal constitucional que, desde el año 2021, permite lo que hoy se denomina el suicidio asistido y tribunales constitucionales como el de Alemania e Italia, han emitido resoluciones que permiten el suicidio asistido en ciertos casos y exhortan a los legisladores a establecer un marco legal adecuado. Creo que dentro del contexto y el debate internacional, ha sido una temática de relevancia, y es el motivo por el cual este tribunal constitucional debe dar el debate en su momento”, señaló.
Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía afirmó que el caso representa una oportunidad para fijar un criterio novedoso sobre la eutanasia y otros procedimientos de muerte asistida en México.
“Este asunto nos ofrece una gran oportunidad para fijar un criterio novedoso en torno a la eutanasia y a otros procedimientos de muerte asistida. En el caso, la quejosa es una mujer con formación de tanatóloga, que ha sido, además, diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama; derivado de su situación de salud y tomando en cuenta lo que ella misma ha visto, así como la muerte de sus seres queridos, con base en esto, ella decide combatir las normas previstas en la Ley General de Salud y el Código Penal de la Ciudad de México que prohíben la eutanasia, porque considera que debe respetarse su autonomía para decidir cómo y cuándo concluir su ciclo de vida”, expuso.
La quejosa también argumentó que las normas impugnadas generan una amenaza permanente contra terceras personas, debido a que permiten sancionar con prisión a quienes asistan a enfermos terminales. Desde su perspectiva, esto provoca una invasión a su autonomía, libertad y derecho a decidir sobre el final de su vida.
El caso será turnado a una ministra o ministro del pleno de la Corte, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia. Dicho proyecto será discutido en los próximos meses y podría definir si el marco legal actual sobre eutanasia y suicidio asistido debe modificarse o reinterpretarse a la luz de los derechos humanos.
Aunque la resolución de fondo aún está pendiente, la decisión de la SCJN coloca el debate sobre la muerte asistida en el centro de la agenda jurídica nacional. De avanzar en ese sentido, México podría sumarse a la discusión que ya han abierto cortes constitucionales de países como Colombia, Ecuador, Austria, Alemania e Italia.