El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, consideró que en el paquete de reformas del Sistema Nacional Anticorrupción se pretende “descarrilar” el movimiento cívico a favor de la llamada “ley 3de3”.
El dirigente partidista se refirió a la iniciativa ciudadana para que los servidores públicos de todos los niveles de gobierno presenten cada año de manera pública sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
A su decir, ese intento para debilitar la propuesta es claro en la redacción del inciso b) del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, “al convertir las declaraciones no en una obligación de la clase política, sino en un nuevo trámite para becarios, pensionados y todo tipo de beneficiarios de programas sociales”.
El dirigente detalló que esa legislación sería aplicable a casi 35 millones de personas, como los beneficiarios de Prospera y Proagro o becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
También pensionados de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otros grupos que reciben apoyo de instituciones públicas.
Aseveró que si bien es “absolutamente cierto” que la corrupción suele involucrar a un político y también a un particular, “la idea de hacer obligatoria la declaración 3de3 para los ciudadanos no está basada en ninguna reflexión seria ni en experiencias internacionales.
”Lo que busca es que se activen amparos en contra de la ley y así frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana hacia la clase política”, subrayó el dirigente nacional panista.
Recordó que por ello el jueves la diputación federal de su partido presentó una reserva contra los artículos 4, 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ricardo Anaya insistió en que no solo se trata de “una aberración técnica”, sino de “un franco intento por torpedear el Sistema Nacional Anticorrupción”.
Consideró de máxima importancia “hablar con claridad de lo que hay detrás de esa reforma de última hora” porque, a su decir, “con ello se está desvirtuando el propósito del Sistema Nacional Anticorrupción y se está haciendo un enorme daño al país”.
TE RECOMENDAMOS
Veto presidencial, el último rescate para la Ley 3de3
