Después de que Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad de Nuevo León, reveló que en los centros penitenciarios del Estado se encuentran internadas alrededor de 10 mil personas, lo cual representa sobrepoblación, y que una buena opción sería liberar a quienes no tengan condenas muy largas, el Congreso consideró que sería positivo, pero con ciertas reservas.
“Todos los años salen de prisión miles de personas porque tienen penas no muy largas”, dijo el secretario en el programa “Cambios”, conducido por Víctor Martínez.
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Palacios Pámanes reveló que en los centros penitenciarios de Nuevo León la mayoría de los internos cumple condenas por delitos patrimoniales.
Agregó que tiene contemplado presentar una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado para “despresurizar” los penales.
Entre 2007 y 2022 los penales aumentaron su población de 5 mil a 10 mil.
“Yo prefiero invertir en hacer crecer y fortalecer a Fuerza Civil que en un nuevo penal”, expresó el funcionario sobre si ve viable la construcción de un nuevo centro de readaptación social.
“Tenemos que garantizar la seguridad”
Sandra Pámanes, vicecoordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, calificó de “positiva” la iniciativa del secretario de Seguridad.
“Creo que sí tenemos que avanzar en una reforma al Código de Procedimientos Civiles del estado de Nuevo León; en ese sentido tenemos que garantizar la seguridad”, opinó Pámanes.
La legisladora indicó que hay delitos que podrían ser considerados en “otro nivel”, no como una prisión permanente dentro de los penales.
“Lamentablementre tenemos esta sobrepoblación dentro de nuestros penales y esto es una bomba de tiempo”, expresó, “podríamos decirlo así porque puede generarse más inseguridad; ya lo hemos padecido en otros momentos y tenemos que preverlo”.
Pámanes se manifestó a favor de analizar la iniciativa.
“Y como bancada hacer las aportaciones necesarias para avanzar en este tema”.
“Es preocupante”
El priista Javier Caballero Gaona calificó de “preocupante” la sugerencia de Palacios Pámanes justo ahora que Nuevo León vive una de las peores épocas de inseguridad.
“Primero, hay que esperar a que presente su iniciativa para ver en qué sentido y ver qué modificaciones tendría, eso desde el punto de vista legislativo”.
Desde la perspectiva del grupo parlamentario del PRI, señaló Caballero Gaona, parece preocupante que en una de las peores épocas de inseguridad se esté pensando en liberar delincuentes juzgados, aunque sean delitos patrimoniales.
“No olvidemos que están ahí porque cometieron un delito y que hay personas agraviadas, afectadas. Lejos de pensar en hacer una liberación de las instituciones penitenciarias yo estaría pensando en invertir en nuevas, en reforzar los mecanismos de seguridad y reforzar los mecanismos de prevención del delito”, destacó Caballero Gaona.
“Tienen este derecho”
Para el morenista Waldo Fernández es “muy interesante” recordar que se armó toda una polémica con la Ley de Amnistía, en su momento.
“A nivel federal muchas personas que van a la prisión y que son primodelincuentes, cometen un primer delito, éste es patrimonial y no hubo el agravante de la violencia me parece que tienen qué tener este derecho a ser preliberados o que se libere con ellos un proceso de inserción”, señaló.
Lo grave, añadió Fernández, es que el proceso de reinserción (a la sociedad) no puede estar estigmatizado.
“A veces, el proceso de reinserción implica el seguimiento de las personas en sus actividades, que hasta cierto punto puede ser constitucional; en estos casos es como cargar una letra escarlata”.
Fernández está a favor de “despresurizar” las cárceles cuando no haya violencia.
“Es una buena alternativa”
Esta iniciativa ya había sido discutida entre Palacios Pámanes y el Congreso de Nuevo León, recordó Carlos De la Fuente.
El coordinador de la bancada panista consideró que esta es una buena alternativa.
“Estamos abiertos, recordemos que ya lo habíamos visto en una entrevista que tuvimos aquí con él; es una buena alternativa, creo que es un tema importante porque están sobrepoblados los penales”, expresó De la Fuente.
Pero lo más importante, indicó, es que el secretario mande al Congreso la iniciativa para poder analizarla.
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“Analizar el Código Penal del estado de Nuevo León para tomar las medidas necesarias al interior de la Comisión de Justicia. Es una buena alternativa, como se ha hecho en otras entidades de la República, pero siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Eso es lo que él nos tendrá que plantear”.
