Al emitir la recomendación 01/VG/2023 al DIF estatal por el fallecimiento del adolescente Ángel Moreno en las instalaciones de Fabriles, en febrero de 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedhnl) calificó este acto como un Crimen de Estado.
La Cedhnl señaló que, en este caso en particular, fueron vulnerados al menos 11 derechos como el derecho a una vida libre de violencia, a la preservación de la integridad física, psicológica y emocional, a un trato humano, al interés superior de la infancia y adolescencia, a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, a vivir en familia, a la salud, al acceso a la verdad, a la legalidad, a la dignidad y a los diversos derechos que tienen personas en situación de discapacidad.
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Susana Méndez Arellano, presidenta de la Cedhnl, señaló que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León debe continuar con las acciones penales en contra del ex director del Sistema DIF, director de atención al menor y el encargado de enfermería del DIF Fabriles. El gobernador Samuel García y autoridades deben de dar una disculpa pública por este incidente.
“Es de relevancia que el nombre de Ángel Manuel Moreno sea recordado y nunca olvidado, es de importancia que este tipo de actos no vuelvan a repetirse. Esta recomendación tiene fundamento en un marco jurídico nacional, pero también se sustenta en criterios de la Corte Interamericana de diversos instrumentos internacionales; incluso se considera un Crimen de Estado”, señaló Méndez Arellano.
El caso de Ángel, destacó la presidenta, pone de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas infantes y adolescentes que carecen de un entorno familiar.
“Y estas personas se encuentran institucionalizadas en los centros de asistencia social públicos y privados. Les comento que no son pocos los casos de violencia, de abuso de negligencia y de omisiones cometidos en contra de las personas infantes y adolescentes que residen en estos centros”.
Señaló que hay falta de supervisión de las autoridades estatales.
José Antonio Garza, segundo visitador del Proyecto de Recomendación, explicó por qué el caso de Ángel es considerado como un Crimen de Estado.
“Definitivamente se hizo un análisis acuicioso de la regulación y entre otras cosas se estableció que, efectivamente, estamos en presencia de un Crimen de Estado por la participación activa de varios agentes estatales, por ejemplo, la persona que lo mató, la persona que trató de encubrir una serie de actividades para cubrir los hechos.
“También las acciones de las doctoras de no atender debidamente a Angelito; de haberlo atendido debidamente es probable que hubiese salvado la vida”.
Por otro lado, señaló Garza, se consideró que esta situación aconteció en una institución pública en la que no deben acontecer este tipo de trágicos sucesos.
“En teoría los niños y adolescentes deben sentirse seguros y sentir que es un lugar donde los cuidan y los protegen. Aquí pareciera que el aparato estatal se volcó con la finalidad, precisamente de cubrir todos estos actos que propiciaron la muerte”, destacó. “Hay evidencia de que uno de los servidores públicos trató de manipular la información; hubo evidencia de que las cámaras (de seguridad) fueron manipuladas. Todos estos elementos nos hacen configurar este lamentable suceso como un Crimen de Estado”.
Méndez Arellano señaló que la Cedhnl recomienda a la autoridad realizar una disculpa pública y realizar memoriales.
“También contar con servicios médicos, elaborar un padrón de niños, niñas y adolescentes a cargo del DIF, llevar a cabo una consulta a los niños y adolescentes sobre el trato que reciben, así como un enfoque diferenciado y especializado”.
La presidenta añadió que la recomendación incluye elaborar protocolos para casos de traslados, agresiones a infantes y adolescentes y casos de emergencia médica.
“Comunicar a todo el personal el DIF sobre la prohibición de egresos indebidos, la obligación de preservar los derechos humanos de las personas infantes y adolescentes, girar instrucciones para respetar la vida y seguridad de infantes y adolescentes”.
Por último Méndez Arellano señaló que la recomendación también establece realizar cursos de capacitación sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos vulnerados y para personas infantes y adolescentes sobre sus derechos humanos.
El menor Ángel Moreno murió el 9 de febrero de 2022 en el DIF Fabriles. En su momento se informó que el deceso fue por causas naturales.
Sin embargo, el 18 de mayo, un Ministerio Público, dictaminó que el fallecimiento se produjo por un shock hipovolémico a causa de golpes que el chico de 14 años recibió de parte de una de las personas que laboraban en DIF Fabriles.
La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer que tres hombres fueron señalados como responsables.
Uno de ellos se encuentra prófugo, otro seguirá el proceso en libertad y un tercero es actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano.
Raymundo Francisco “N” es señalado como responsable de haber golpeado a Ángel, quien presentaba una discapacidad. A Mauricio Miguel “N” se le procesará por encubrimiento.
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A Miguel Ángel “N” no se le pudo imputar porque presentó una suspensión de amparo.
