Porque el emplazamiento está lleno de vicios, no se garantiza la autonomía de los aspirantes y no se respeta la paridad de género, el Gobierno de Nuevo León vetó la convocatoria para los cargos de fiscales Anticorrupción y Electoral en el estado.
La administración estatal realizó observaciones a las convocatorias remitidas por el Congreso identificadas como el Acuerdo 510: “Convocatoria para la designación de Fiscal Especializado en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León” y el Acuerdo 511 “Convocatoria para la designación de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Nuevo León”.
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“Por los vicios contenidos en las convocatorias, las cuales radican principalmente en no dar bases que garanticen la autonomía de los aspirantes, con las que se aseguren que no tengan relación alguna con partidos políticos o haber sido candidato en un proceso electoral”, explica el Gobierno el estado.
También por no garantizar en el proceso la paridad de género para la selección de dos funciones importantes dentro de la procuración de justicia del estado.
”El objetivo de esas observaciones es que el Congreso cumpla con la fracción IX del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se garanticen los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos que tienen encomendadas dichas fiscalías especializadas y por lo tanto que lleguen los mejores perfiles”, destacó.
El Gobierno, liderado por Samuel García, también realizó observaciones a decretos emitidos por el Legislativo.
En estos, se involucran señalamientos a los municipios de General Bravo, General Treviño, Juárez, Pesquería, Guadalupe, Montemorelos, Cadereyta Jiménez, Apodaca y Santiago.
”La administración estatal hace observaciones a los Presupuestos de Ingresos del ejercicio fiscal 2024 de los ayuntamientos de General Bravo, General Treviño, Juárez, Pesquería, Guadalupe, Montemorelos y Cadereyta Jiménez.
“Además, solicita información de aumento a los valores catastrales de los municipios de Juárez, Guadalupe, Apodaca, Santiago, Montemorelos y Pesquería”.
Deuda: Se hicieron observaciones a los Presupuestos de Ingresos del ejercicio fiscal 2024 de los ayuntamientos de General Bravo, General Treviño, Juárez, Pesquería, Guadalupe, Montemorelos y Cadereyta Jiménez, que contemplaban la autorización de contratación de deuda.
Sin embargo, no se desprendía que se hubiere hecho un análisis de la capacidad de pago como lo ordena la Ley de Disciplina Financiera.
Aumento de valores sin explicación: Por lo que hace a los valores catastrales de los municipios de Juárez, Guadalupe, Apodaca, Santiago y Montemorelos, las mismas fueron observadas por el aumento en ciertos sectores para que se explique debidamente el procedimiento que se llevó a cabo para poder determinar esos valores.
Disminuciones de valores en zonas comerciales e industriales: Por lo que hace a los valores catastrales del municipio de Pesquería, se hizo la observación para que se clarificara por qué en algunos casos las zonas comerciales e industriales bajan su valor en algunos casos en más de 100 mil% en comparación con el valor que tenían anteriormente.
PRI y PAN tienen la última palabra
Si las cosas se hicieran bien desde el principio, por parte del PRI y del PAN, no se estaría viviendo esta situación en la que el Ejecutivo veta el decreto del Congreso, señaló Sandra Pámanes, vocera de Movimiento Ciudadano.
La legisladora naranja calificó de “lamentable” y “vergonzosa” la situación.
“Esto (el veto) es una facultad del Poder Ejecutivo, desde las observaciones y todo el proceso que se ha venido generando. También lo hemos señalado, todos los vicios que se generaron, tanto en las convocatorias, la falta de evaluación hacia los perfiles que posiblemente puedan llegar al Comité de Selección... la manera en que se ha desarrollado el proceso”, destacó Pámanes.
Es obvio, dijo, que el Ejecutivo tendrá su opinión sobre esto y por eso lo expresa de esta manera (con el veto).
Pámanes indicó que PRI y PAN tienen la última palabra para resolver la circunstancia.
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“No se respeta la ley,. Yo creo que la última palabra la tienen el PRI y el PAN, de mejorar estos procesos que forma transparente y apegados al marco legal”, expresó Pámanes.
