Para los activistas en pro del medio ambiente, el hecho de que la Refinería de Cadereyta siga operando después de que el sábado el Gobierno de Nuevo León colocó una manta de suspensión en las instalaciones y un juez ordenó la inspección de la planta, es una forma de la corrupción e impunidad con la que opera la empresa.
Alfonso Martínez, secretario de Medio Ambiente, acompañado por el regidor sampetrino Javier González Alcántara acudieron a la Refinería para entrevistarse con representantes jurídicos de la empresa, pero esperaron durante dos horas y nadie los recibió.
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Tampoco les permitieron el acceso, a pesar de tener la orden de un juez para hacer una inspección.
“Estamos hablando de desacato tras desacato... de obrar con la mayor impunidad, esta es una situación que ya rebasó todos los límites”, señaló el activista Humberto Servín.
No es posible, dijo, que la empresa (Pemex) continúe resistiéndose a presentar un informe de las acciones -nulas- para reducir las emisiones contaminantes.
“Aquí sucede una cosa muy grave, estamos hablando de que todos los habitantes del área metropolitana respiramos veneno y lo respiramos todos los días. La única manera de detenerlo es que paren las operaciones”, indicó Servín.
Lorenzo Villarreal, también activista en pro del medio ambiente toma, incluso en broma, la actitud de los directivos de la Refinería.
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“Parece un juego de niños mimados. Pemex trabaja bajo la impunidad y el amparo de las autoridades federales. Ya oímos al presidente (AMLO) decir que la contaminación no es responsabilidad de la Refinería sino de otras empresas... ¿qué podemos esperar?”, indicó Villarreal.
