Desde septiembre de 2021, el Presidente de la República presentó una importante reforma al sector energético de nuestro país, en particular en materia de generación de electricidad. Se trata de recuperar para los mexicanos nuestra soberanía y seguridad. Las cuales, en buena medida, habían sido afectadas en las últimas décadas, como consecuencia de una política deliberada para desmantelar a la CFE y entregar una de las actividades estratégicas a empresas privadas y extranjeras.
En ese sentido, se propone poner orden con una visión nacionalista la operación de un servicio fundamental para el desarrollo del país y el adecuado funcionamiento de la economía, de la sociedad e incluso de nuestros hogares. Sin duda, este sector que requiere cuantiosas inversiones implica que haya intereses de gran importancia y que cualquier cambio legal llame la atención e incluso la inquietud de todos.
Por esta razón, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo un amplio debate a través del parlamento abierto. Mediante 19 foros, divididos en cinco subtemas y entre febrero y marzo pasado se escucharon todas las voces que quisieron participar para expresar sus puntos de vista a favor y en contra del proyecto de reforma constitucional.
Fue un ejercicio que atrajo la atención de la opinión pública y, por supuesto, de todos los interesados en esta actividad. Ahora, ha llegado la hora de que las y los diputados y, en su momento, en el Senado de la República, se tomen decisiones que ya son inaplazables.
En todo el proceso legislativo se han escuchado y así se seguirá haciendo los diversos puntos de vista de quienes tengan algo que aportar para construir los consensos que garanticen la soberanía energética y que el Estado recupere su función rectora de esta actividad, pero sobre todo que se traduzca en tarifas justas para todos los usuarios de la electricidad.