De acuerdo con las estimaciones del Índice de Paz México (IPM), las múltiples violencias que ocurren en nuestro país nos costaron 4.92 billones de pesos en 2021. Esto equivale al 20.8% del PIB nacional o 38 mil 196 pesos per cápita.
El IPM es elaborado anualmente por el Institute for Economics and Peace, un centro de investigación global con sede en Sídney y oficinas en México, que mide la evolución de las diferentes formas de violencia en nuestro país y el desarrollo de los factores que construyen paz y gobernanza.
También, a través de una compleja metodología cuantifica integralmente los impactos que tiene la violencia en la economía mundial y en cada país.
Los resultados del IPM arrojan que, a pesar de una mejora marginal de 0.2% en el nivel nacional de paz en 2021, nuestro país enfrenta una severa crisis de violencias múltiples que transitan desde la invisibilizada violencia familiar en los hogares, hasta la potente violencia ejercida por la delincuencia organizada.
Los datos que utiliza el IEP provienen de fuentes oficiales y revelan que México tiene actualmente la octava tasa de homicidios más alta del mundo (26.6 por cada 100 mil habitantes), lo que en 2021 significó más de 34 mil personas asesinadas o 94 homicidios al día.
Estos y otros datos hacen evidente que las estrategias implementadas hasta ahora no han producido los resultados esperados. Por tanto, resulta indispensable repensar los supuestos que han conducido la política de contención de violencia y construcción de paz.
Se destacan a continuación tres tendencias que, desde una perspectiva económica, podrían contribuir al replanteamiento de las estrategias vigentes:
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A pesar de los altos costos de la violencia, México invierte poco en seguridad y justicia
El análisis del IPM revela que nuestro país destina aproximadamente 0.6% del PIB a estos dos rubros, lo cual es la cifra más baja entre los países Latinoamericanos (promedio 1.5%) y de la OCDE (promedio 1.7%).
En contraste, el seguimiento al gasto público indica que hay una creciente inversión en el sector militar.
Desde 2015, el gasto militar se ha incrementado más de 31%, llegando a niveles máximos históricos en 2021 (167 mil MDP), mientras que el gasto en seguridad pública se redujo 37% y el gasto en el sistema de justicia bajó 3.3% en el mismo periodo de siete años.
Estas proporciones reflejan dos decisiones claras de política pública: primero, que existe una fuerte apuesta hacia las Fuerzas Armadas para hacer frente a la inseguridad y violencia.
Y segundo, que no se está poniendo suficiente atención en fortalecer la capacidad institucional en materia de justicia, sistema penitenciario, mejoramiento policial y prevención de delitos, entre otros temas.
Cambio de tendencias en los mercados de drogas ilegales
Gran parte de la violencia en México se genera a partir de disputas territoriales entre grupos de delincuencia organizada, y estos suelen tener intereses preponderantemente económicos.
Por esto, es fundamental que las políticas de seguridad se adapten a los cambios en los mercados ilegales donde operan dichos grupos.
En los últimos años, el proceso de legalización de la marihuana en Estados Unidos y una mayor demanda de opioides sintéticos como el fentanilo, han provocado que los precios de la marihuana se desplomen y, como consecuencia, que su tráfico y comercialización también caigan drásticamente.
Datos oficiales reportan una reducción de 90% en los decomisos de marihuana en la frontera de Estados Unidos en la última década, pasando de un millón de kilogramos confiscados en 2012 a menos de 70 mil en 2021.
En contraste, el volumen de fentanilo incautado aumentó 870% entre 2016 y 2021. Solo el año pasado hubo 64 mil muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos, convirtiéndose en la principal causa de muerte entre personas de 18 a 45 años.
Esta creciente demanda definitivamente ha reconfigurado las dinámicas criminales en México, y explica parcialmente la alta concentración de la violencia en algunos estados.
Estos y otros cambios en las dinámicas y modalidades de la delincuencia organizada transnacional inevitablemente reconfiguran los escenarios y, por tanto, las estrategias que reducirían los desenlaces violentos de tales actividades.
Invertir en la paz es más redituable
Las investigaciones del IEP durante los últimos 15 años concluyen que inversiones en Paz Positiva, como el fortalecimiento institucional, combate a la corrupción, o el fomento de la resiliencia comunitaria, suelen mostrar mayores retornos de inversión que las políticas reactivas frente a los efectos de las violencias.
Algunas estimaciones arrojan que cada dólar invertido en iniciativas efectivas de construcción de paz puede ahorrar hasta 16 dólares en contención de violencia directa.
Algunos programas públicos e iniciativas sociales se han enfocado cada vez más en fortalecer los factores que garantizarían la paz en el largo plazo, pero no son suficientes.
La gran atención política, mediática y presupuestal continúa capturada por las narrativas de la seguridad pública y la fuerza como recurso único.
En este sentido, hacen falta voces con legitimidad que aporten visiones diversas y contrapesos efectivos capaces de incidir en las decisiones públicas.
Estos balances se esperan naturalmente de los poderes legislativo y judicial, pero otras fuerzas no oficiales pueden también cumplir esta función.
Algo que resulta evidente, es que los gobiernos no han sido (y probablemente no sean) capaces de plantear las agendas de largo plazo que necesitamos.
Tampoco han logrado convocar a los diversos actores sociales que resultan indispensables para construir la paz desde enfoques sistémicos y multidimensionales.
A más de quince años de crisis, es necesario encontrar nuevas formas de participación y colaboración.
Las condiciones de paz y bienestar a las que aspiramos implican procesos largos y complejos, construidos a partir de estrategias intersectoriales e interdisciplinarias.
Existen múltiples ejemplos en el país de iniciativas locales convocadas desde la sociedad civil, las iglesias, el sector privado o los colectivos de víctimas.
En todos los casos, estos grupos han logrado construir y perseguir objetivos comunes a pesar de sus diferencias.
Estados como Sinaloa, Tamaulipas o Baja California Sur, han logrado avances importantes a partir del trabajo articulado. El desafío es enorme, pero no existen soluciones rápidas y tampoco queremos que transcurran quince años más viviendo sin paz.
*Director en México del Institute for Economics and Peace
El reporte completo puede ser consultado en www.indicedepazmexico.org y www.economicsandpeace.org