La ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes se ha propagado y los nuevos vientos en la Suprema Corte de Justicia se han desatado.
Las recientes sentencias a favor de la esposa de García Luna, Cárdenas Palomino, Cabeza de Vaca y demás individuos minan la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exhiben su parcialidad política y la alejan de lo que debería ser su “solidez” moral y ética. Ya lo ha dicho el Presidente: “al poder judicial le urge una renovación tajante y decisiva”.
Mientras que Genaro García Luna era declarado culpable de narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad de declaración con una condena que podría ser entre 20 años y prisión perpetua; en México, los integrantes del décimo séptimo tribunal en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México revocaron “la sentencia de un juzgado que negó el amparo promovido por Linda Cristina Pereyra Gálvez en contra de su inclusión en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero, pese a que ella, esposa de Genaro García Luna, está denunciada en México por operaciones con recursos de procedencia ilícita y en Estado Unidos ante una corte civil”.(La Jornada, Carlos Fernández Vega. 22, febrero, 2023).
Es decir, descongelaron las cuentas que la pareja utilizaba para lavar dinero con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En otro caso, días atrás Luis Cárdenas Palomino, “brazo derecho de García Luna, también fue protegido por el Poder Judicial, pues los magistrados del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito ordenaron desbloquear las cuentas bancarias del policía torturador, congeladas por la UIF como parte de la investigación en su contra”.
A su vez, un juez federal concedió un amparo al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que cancela la orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 42.1 millones de pesos en la venta de un departamento en Santa Fe.
Faustino Gutiérrez Pérez, titular del juzgado octavo de distrito, indicó que “la pertenencia a un grupo criminal, supuesto hecho por el que se fincó el delito de delincuencia organizada, no acredita de forma automática el lavado de dinero”.
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Por otra parte, un juez federal exoneró a Rosario Robles Berlanga de los cargos de ejercicio indebido del servicio público que le imputó la Fiscalía General de la República.
No es gratuito que el presidente López Obrador advierta sobre “la decadencia del Poder Judicial; que no se ha podido reformar, un poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político, por eso los amparos constantes.
Hay protección para los integrantes de la delincuencia organizada y de cuello blanco, que son los hijos predilectos del régimen anterior”.
“Antes, cuando estaba Arturo Zaldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces, se respetaba su autonomía, pero se vigilaban desde el Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros”, dijo.
El presidente expresó que con la nueva presidenta de la Corte y la Judicatura y su formalismo extremo de que son autónomos, los jueces pueden hacer lo que quieran. “El poder judicial se ha convertido en protector de corruptos, y con la nueva titular de la Corte, se desató la ola de resoluciones que cobijan a presuntos delincuentes”.
Ante este contexto, el Presidente López Obrador, no presentará ninguna iniciativa de reforma respetando la autonomía de este poder, además, para que el ejecutivo pueda impulsar una reforma judicial necesita dos terceras partes del congreso y actualmente no la tiene por lo tanto no puede hacerlo; se requiere el apoyo del congreso para este cambio fundamental.
“Es necesario que la próxima presidenta o presidente cuente con la mayoría en el congreso -y no simple, sino dos terceras partes,- para que pueda llevarse a cabo reformas constitucionales, sino ahí estará la mafia bloqueando las reforma”, dijo.
Por otra parte, en días recientes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la actualización del tabulador de sueldos y prestaciones para el 2023 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral.
Destaca que los ministros de la SCJN reciben un sueldo mensual neto de 206 mil 948 pesos libres de impuestos, lo que significa un ingreso anual de 2 millones 483 mil 386 pesos.
Adicionalmente, los 11 ministros del máximo tribunal del país cuentan con un aguinaldo y prima vacacional por 445 mil 309 pesos y a ello también se le suma un pago por el concepto de riesgo de 416 mil 754 pesos anuales (dada la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas); que sumados dan alrededor de 3 millones 345 mil pesos anuales. Así los salarios de la burocracia dorada cargados al erario público.
Cabe decir, que ninguna de estas funciones es mayor dada su naturaleza, complejidad y responsabilidad que las del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que gana menos que ellos a pesar de que la Ley de Austeridad Republicana, promovida por el Ejecutivo en 2019, indica que ningún servidor público puede tener un salario superior al del presidente.