Hace días cenaba en la terraza de un restaurante poco concurrido, cuando de pronto se escuchó un fuerte estruendo, como un estallido. Varias personas nos sobresaltamos. Después un grupo de hombres y mujeres jóvenes sentados en la mesa de al lado comentaron entre sí con ironía burlesca “no pasó nada, nosotros somos de Sonora, ya estamos acostumbrados a oír balazos”.
Por fortuna el estruendo no habían sido balazos sino cohetes y sin el ánimo de juzgar a las y los jóvenes comensales ni ningún estado en específico, pensé que al igual que muchas personas que viven en ciudades violentas, ya se está perdiendo la capacidad de asombro negativo, aquella visión que suscita miedo y rechazo, pero que nos hace menos tolerantes a las transgresiones de los demás.
Y esta normalización se da porque los asesinatos están al alza: según datos de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 25 de julio de 2023, tiempo que lleva esta administración, las fiscalías estatales y federales han registrado 161 mil 794 homicidios dolosos en México. Vivimos los tiempos más sangrientos de la historia.
Y aún va más allá: la normalización de la violencia y la inseguridad implica que la ciudadanía ha perdido la credibilidad en las instituciones, en los políticos y principalmente en las instituciones de procuración de justicia.
Tenemos problemas sistemáticos muy fuertes, que impiden que los funcionarios dedicados a la seguridad hagan su trabajo. La policía municipal hace 171 mil detenciones al año, y la policía estatal 180 mil, el Ministerio Público inicia 1.9 millones de carpetas de investigación al año, y solo resulta en 32 mil sentencias condenatorias, menos del 0.1% de los delitos que se comenten.
Por otro lado, la policía preventiva municipal, sólo es considerada efectiva por el 45.2% de la población, siendo que son los primeros respondientes y quienes tienen el contacto más próximo con la ciudadanía, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Asimismo, es la autoridad en la que menos se confía.
Tenemos poco más de 300 mil policías en el país en condiciones precarias, maltratados por las instituciones, donde principalmente los municipales saben lo que está pasando, pero no saben cómo escalarlo para que se actúe con inteligencia. Por citar un ejemplo: en Obregón, Sonora, más de 30 policías municipales renunciaron el pasado 3 de julio, tras el secuestro de 3 elementos el viernes 30 de junio y cuyos cuerpos ya fueron desgraciadamente encontrados sin vida.
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En esta situación no basta con estudiar las causas, ni culpar a los anteriores gobernantes, se tienen que afrontar los diferentes factores que inciden en la criminalidad y poner al país en manos expertas. Por el contrario, durante esta administración se ha empoderado más que nunca a las fuerzas armadas. Hay más de 110 mil personas desaparecidas en el país. La cantidad de víctimas en este país es escandalosa y un punto tiene que ver con la militarización.
La estrategia actual no solo no da resultados, sino que es todo lo contrario. Para dimensionar la cantidad del dinero destinado a las fuerzas armadas, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hablaba que son cerca de 5 mil pesos lo que se gastan cada segundo. Y no está siendo efectiva para atender la violencia que estamos enfrentando.
Y nos queda ver todavía que propondrá respecto la Guardia Nacional el grupo parlamentario de Morena y aliados durante el próximo periodo legislativo que iniciará en septiembre. Esperemos que el bloque de contención procure el debate y diálogo con expertas y expertos en temas de Seguridad Pública, que al igual que Movimiento Ciudadano, han coincidido que el punto toral es el fortalecimiento de la policía municipal.
Además, gran parte de la clave está en la redefinición de la política pública, ya que los intereses particulares de un gran cúmulo de actores políticos siguen requiriendo recursos, aparatos electorales y dinero, para garantizar la permanencia suya o de su grupo en el poder, incluso quebrantando la ley electoral.
Con una pésima distribución del gasto público, tenemos gobernadores indolentes que pactan con criminales para financiar sus campañas y el saldo negativo son las muertes. Mientras la mayoría de los institutos políticos están centrados en su fuente de financiamiento, tenemos un Estado fragmentado y un crimen más organizado que el gobierno.
El pasado mes de junio, como lo mencioné en mi colaboración de Radio Fórmula y ahora lo traigo a mi columna semanal, más del 62.3% de la población residente en las principales urbes del país, consideran que es inseguro vivir en su ciudad, según la precitada encuesta del INEGI. Si realmente queremos transformar un país de violencia, en un país de paz, requerimos un gran acuerdo de país; una estrategia a corto, mediano y largo plazo, además de resolver en lo inmediato la violencia que viven la mayoría de las personas y que desgraciadamente ya estamos normalizando.