La incursión policiaca en la embajada mexicana en Ecuador es absolutamente reprobable, pues se trata de un acto inédito que atenta contra el Derecho Internacional al quebrantar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. No hay nada que justifique ese hecho grave entre dos naciones y pueblos amigos.
Este es un momento delicado que exige de la unidad nacional ante los embates irresponsables que sin el menor recato violaron la inmunidad diplomática y consular. De ahí que el gobierno mexicano haya respondido con la dignidad que amerita el caso y se haya visto obligado a romper relaciones en tanto se mantenga la hostilidad de las autoridades del país sudamericano. Por eso, la decisión del gobierno del Presidente López Obrador merece todo nuestro respeto, apoyo y solidaridad.
La cancillería de México está tomando las medidas necesarias para proteger la integridad del personal destacado en aquel país y de sus familias, al tiempo de brindar todas las facilidades a los connacionales que se encuentran en ese territorio a través de las representaciones de otras naciones.
El restablecimiento de la normalidad diplomática reclama que la comunidad internacional, mediante incluso la intervención de las organizaciones mundiales o regionales como la ONU y la OEA y sus dependencias especializadas como la Corte Internacional de Justicia diriman las diferencias entre ambos gobiernos.
La vulneración de nuestra embajada es un acto que no puede aceptarse ni debe repetirse. En ese sentido, es conveniente que se apliquen las prescripciones de Derecho Internacional para garantizar que las sedes y el personal que ahí labora pueda realizar sus funciones con libertad y apego a los más altos principios de la civilidad política y diplomática.
La normalización de las relaciones entre ambos países pasa necesariamente por el respeto irrestricto de nuestra soberanía y de las reglas que permiten la convivencia pacífica en favor de nuestros pueblos.