Puebla

Rectora de la Udlap confía en que devuelvan instalaciones de la universidad

La Udlap es el centro de una disputa legal en la que está involucrada la Fundación Mary Street Jenkins, cuyos miembros son acusados de desviar más de 700 millones de pesos

Convenio Udlap La Udlap y Canacintra firmaron un convenio para ofrecer becas a los socios dueños de empresas, representantes legales empleados de las empresas y sus hijos para estudiar una licenciatura o maestría. Foto: Agencia Enfoque

La rectora interina de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Cecilia Anaya Berríos confía en que el denominado nuevo patronato libere las instalaciones del campus y permita el regreso de los estudiantes a las aulas.

La líder académica reconocida por la Fundación Mary Street Jenkins, aseguró que no existe razón legal para que sigan tomadas las instalaciones de la universidad, por lo que solicitó se cumpla la orden del Poder Judicial de la Federación que desde el pasado 15 de julio pide la devolución de las instalaciones

“Tengo confianza en que la ley va a prevalecer y que se van a tomar en consideración la suspensión provisional que ya está dictada y que vamos a lograr recuperar el campus próximamente”.

Anaya Berríos aseguró que las actividades académicas han continuado desde las plataformas digitales, como ha sucedido desde el inicio de la pandemia, incluso mencionó que se logró “una inscripción récord” de 10 mil 80 alumnos de licenciatura, maestría y posgrado.

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Agregó que se contrataron profesores, tanto nacionales como extranjeros, para los cursos, que en conjunto con personal administrativo y sindicalizado suman dos mil 100 trabajadores, quienes han recibido sus salarios y prestaciones de forma regular, sin despidos.

Cabe recordar que, desde el pasado 29 de junio, elementos de la Policía Estatal tomaron las instalaciones de la Udlap en cumplimiento a una orden judicial para entregarlas al “nuevo patronato” de la institución que nombró como rector al ex senador, Armando Ríos Piter.

La Udlap es el centro de una disputa legal en la que está involucrada la Fundación Mary Street Jenkins, cuyos miembros son acusados de desviar más de 700 millones de pesos.

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