El combate a la corrupción en Puebla, que encabeza y presume el gobernador Miguel Barbosa parece ser una simulación.
De acuerdo a una encuesta de Arias Consultores, únicamente el 4.8% de las personas consideran que es bueno el combate a la corrupción que se da en la entidad. En tanto, 84% refieren que es malo y 11.2% contestaron que no o saben.
Estos números ubican al mandatario morenista como el peor, según la encuesta.
Cabe recordar que hace unas semanas, al encabezar la presentación de la Política Estatal Anticorrupción, el gobernador sostuvo que el combate a la corrupción debe ser un acto intransigente de la autoridad, y señaló que las y los servidores públicos están llamados a vivir en la austeridad y en la honrada medianía.
El mandatario señaló que su gobierno combate la corrupción con fortalecimiento institucional, aplicación de la ley y voluntad.
Además, asegura el bienestar de la población con servicios públicos, por ejemplo, alumbrado, seguridad, limpieza, agua potable, entre otros. Siempre actuando sin estar sujetos a corrupción. pic.twitter.com/WBE4Hagjm0
— Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) January 31, 2022
En ese sentido, criticó que actualmente existan personajes que cometieron actos de corrupción, que se denominan perseguidos políticos porque las autoridades actúan legalmente en su contra.
Barbosa Huerta resaltó que el combate a este problema que se vive en el país, requiere de una coordinación eficiente entre las instituciones, pero también de una cultura de la legalidad de parte de la sociedad.
“Debe de haber una férrea voluntad en la lucha contra la corrupción, ningún servidor público debe de beneficiarse de los actos de su obligación de servir”.
— Miguel Barbosa
No obstante, de acuerdo a esta encuesta, su combate a la corrupción sólo se quedó en palabras de acuerdo a la percepción ciudadana.
Otro ejemplo de que la corrupción persiste en Puebla salió a relucir tras lo publicado por la Revista Proceso, la cual señala que la embestida legal y policiaca que el gobernador de Puebla lanzó contra el patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, que controla la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la fundación del mismo nombre, sigue el guion que el gobierno estatal morenista recibió del despacho del panista Roberto Gil Zuarth, quien fuera secretario particular de Felipe Calderón.
El objetivo de la operación, plasmado en un documento en poder de Proceso, es nítido: el despacho Accuracy Legal & Consulting, SC, prometió al equipo de Barbosa que, una vez lograda la “remoción de los actuales patronos” de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), “el estado de Puebla podrá recuperar más de 720 millones de dólares”.
