El caso de Daniel Picazo, un exdiputado que fue quemado vivo cuando realizaba un viaje turístico en una comunidad de Huauchinango, Puebla, revivió tras las declaraciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en las que señaló que la Policía Municipal de esa región y la Policía Estatal solo fueron testigos de los hechos.
Así lo plantea en la recomendación 18/2022 que emitió el organismo este 23 de noviembre, en la que se pide investigar las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios involucrados.
No dejes pasar: Exigen hasta 20 mil pesos por ‘derecho de piso’ a pequeños comercios
El 10 de junio de 2022, el joven abogado que laboraba en la Cámara de Diputados acudió de visita al municipio de Huauchinango, y por la tarde fue a la presa de Necaxa para regresar a su destino cerca de las 21:30 horas.
Sin embargo, al pasar por Papatlazolco, pobladores lo retuvieron al considerarlo “sospechoso” del robo de menores, por lo que lo sometieron y empezaron a golpear.
[ Nada como Laredo Texas para este Black FridayOpens in new window ]
La CDH documentó que el joven fue llevado a la cancha de basquetbol de la comunidad, en medio del toque de campanas y agresiones de los pobladores.
A las 22:46 horas llegó el director de operación policial de Huauchinango, acompañado por tres patrullas con ocho elementos, para negociar una entrega voluntaria.
Pobladores le prendieron fuego dos veces
Sin embargo, a las 22:49 horas le rociaron gasolina y con un encendedor prendieron fuego a Daniel Picazo, hasta que una persona se acercó para apagarlo, cuando aún estaba con vida.
Pero entre las 00:00 y 00:15 horas nuevamente fue rociado con combustible y quemado hasta que falleció.
El organismo de derechos humanos señaló que los uniformados no implementaron acciones para protegerlo, ni aplicaron el uso de fuerza con fines de extracción para asegurarlo, por lo que fue linchado en presencia de Policías del ayuntamiento y del orden estatal.
“Fueron omisos en cumplir con sus funciones, no se aplicó el protocolo para evitar el linchamiento y no hubo estrategias para la extracción de la víctima”, señaló en la recomendación.
— CDH Puebla
Barbosa rechaza participación de Policía Estatal
En tanto, el gobernador Miguel Barbosa rechazó la participación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), pues dijo que cuando sucedió la turba, los elementos estatales no estaban en la zona, sino que minutos después de ser notificados se trasladaron.
Además se lanzó contra el actuar de Félix Cerezo Vélez, titular de la CDH en Puebla, al decir que excede sus facultades en la creación de recomendaciones.
“La conducta omisa fue de la Policía Municipal de Huauchinango, no de la Policía Estatal, las comisiones de derechos humanos, ya que tienen ese papel, que por cierto se excede de los propósitos, de sus funciones y que investigan y determinan que es correcto, pues que sus resoluciones sean congruentes, completas”, declaró.
— Miguel Barbosa, gobernador de Puebla
Asimismo, dijo que el gobierno estatal se encargará de resarcir el daño a los familiares de Daniel Picazo, a pesar de que la solicitud es dirigida al Ayuntamiento, que preside Rogelio López Ángulo, y más allá de la recomendación, de la que reiteró, no se incluyen.
Tras los hechos, cinco personas fueron detenidas por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI); aunque, el padre de Daniel Picazo había identificado al menos a 15 personas que participaron en el linchamiento del abogado.
