La regulación de anexos, Ley de Movilidad, la creación del Instituto Poblano de Pueblos Indígenas, son algunas reformas que el gobernador Miguel Barbosa Huerta dejó pendientes al Congreso de Puebla, pero que no hay fecha de aprobación pues requieren de consultas ciudadanas.
El mandatario fallecido adelantó una serie de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado a mediados del año pasado y estos últimos cambios para lograr la destitución de jueces y magistrados por conflictos de intereses fueron aprobados el pasado 20 de diciembre.
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Sin embargo, reformas a la Ley de Salud Mental, así como a la Ley de Movilidad y de Educación fueron suspendidas ante la obligatoriedad de hacer consultas ciudadanas establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Regulación de anexos
En la reforma a Ley de Salud Mental para regular los anexos y centros de salud mental solo se aprobó una reforma al Código Penal para fincar sanciones a establecimientos que no tengan licencia de funcionamiento.
Pero, la iniciativa también planteó obligar a los cuidadores a dar un trato digno en estos espacios, luego de que varios pacientes de anexos han muerto por negligencia, pero los diputados deben involucrar al sector, incluyendo personas con alguna discapacidad.
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Ley de Movilidad
Este proceso de consultas también tiene la Ley de Movilidad, que plantea la construcción de vialidades incluyentes y políticas públicas que privilegien al peatón y el uso de medios alternativos de transporte como la bicicleta.
Así como la creación del Sistema Estatal de Información y Seguimiento de Movilidad, tras los constantes accidentes viales, pero colectivos tampoco han sido llamados a consulta.
Instituto Poblano de Pueblos Indígenas
La Corte también señaló que las reformas que se hicieron en 2020 para la creación del Instituto Poblano de Pueblos Indígenas afectan a las comunidades, en el sentido en que pretende incidir con estos grupos de forma directa sin haberlos consultado previamente para la creación de dicho órgano.
En la misma situación están otras modificaciones a la Ley de Educación enfocadas a ampliar los derechos educativos de las comunidades indígenas, migrantes y afromexicanas.