:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/metroworldnews/7QXTNOD5KJCYNEMCGLBMGXDNDY.jpg)
El Instituto de Derechos Humanos de la Ibero Puebla señaló que no se tienen claros los criterios para garantizar la participación de los familiares de desaparecidos en la elección del nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
En rueda de prensa, Roberto Rosete Guzmán, del área de Orientación Jurídica y Psicosocial del Instituto Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana, señaló que la Secretaría de Gobernación emitió la convocatoria de manera pronta, además de que hubo pocas precisiones sobre los mecanismos para el análisis de los perfiles y la participación ciudadana.
No dejes pasar: Quejas por mal desempeño sacan a Carmen Carabarín de la Comisión de Búsqueda
“Es corto el tiempo para que tanto familiares de víctimas y colectivos tengan la posibilidad de analizar estas propuestas y verificar el compromiso, la experiencia sobre búsquedas forense u otro tipo de experiencias”, comentó.
En ese sentido, exhortó a las autoridades a que den oportunidad de abrir el diálogo con los colectivos de víctimas de desaparición, así como dar máxima publicidad de las propuestas para que sean analizadas conforme a las demandas.
A su vez, Guadalupe Pérez, familiar de víctima de desaparición forzada en la comunidad de Pantepec, se sumó a la demanda del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla de que el perfil seleccionado sea una persona con experiencia en derechos humanos, seguridad y perspectiva de género.
Pidió que quien llegue al frente de la Comisión de Búsqueda se enfoque en utilizar nuevos mecanismos para localizar a personas y se cuide también la seguridad de pueblos indígenas, cuando sea el caso, pues en ocasiones llegan agentes con armas largas a atemorizar a la población.
“Será importante que puedan nombrar a una persona que entienda estos procesos de una manera más integral y no solamente desde un escritorio (….) queremos precipitar los procesos”, expresó.
Guadalupe consideró que el caso de su padre, Tomás Pérez Francisco, defensor del territorio, quien desapareció el 1 de mayo de 1990 luego de que un grupo armado lo interceptó, ha evidenciado la inexistencia de coordinación entre instituciones, lo que genera trámites burocráticos a los familiares y que tengan que pasar “de ventanilla en ventanilla”.
Durante la presentación del caso de Tomás Pérez, expusieron las fallas y vicios que prevalecen no solo en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, sino en la Fiscalía Especializada en Investigación los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y hasta en el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.
El historiador, Rubén Ortiz Rosas puso de ejemplo que para hacer una indagatoria de campo, el personal de la Comisión se limitó a introducir varillas en el suelo para tratar de encontrar un entierro, “lo cual es a todas luces absurdo”, dado el tiempo que ha pasado desde que Tomás Pérez fue visto por última vez, hace 33 años.
