A un año de la despenalización del aborto en Puebla, colectivos feministas señalaron que aún persisten deficiencias en la atención médica para mujeres que buscan interrumpir su embarazo, especialmente en instituciones como el IMSS y el Issstep.
Entre julio de 2024 y junio de 2025, un total de 388 mujeres ejercieron este derecho, de acuerdo con cifras oficiales.
En conferencia de prensa, integrantes de la campaña “Aborto Legal” y organizaciones que acompañan a mujeres en procesos de interrupción legal del embarazo (ILE), denunciaron que la criminalización persiste, alimentada por la desinformación y la ausencia de una estrategia clara de difusión sobre los alcances legales de la reforma aprobada por el Congreso local.
Las activistas recordaron que la despenalización permite la interrupción del embarazo hasta las 12.5 semanas de gestación, sin embargo, el estigma, el maltrato institucional y la falta de personal capacitado siguen siendo obstáculos frecuentes para acceder a este derecho.
Según datos de la Secretaría de Salud del estado, de los 388 procedimientos realizados en el último año, 17 correspondieron a casos por violencia sexual.
Además, el 90% de las intervenciones se realizaron en el Hospital de la Mujer, lo que evidencia una centralización de los servicios en la capital.
Por ello, los colectivos hicieron un llamado a descentralizar la atención en otros municipios y a garantizar el acceso efectivo a este servicio en todo el estado.
Asimismo, urgieron a reformar la Ley Estatal de Salud para que el aborto sea plenamente reconocido como un tema de salud pública y se elimine cualquier enfoque penal que aún subsista.
“Queremos brindar certeza jurídica también a médicos y médicas que realizan la interrupción del embarazo. Es necesario un marco legal claro y sin ambigüedades”, afirmó <b>Cinthya Ramírez</b>, integrante del colectivo <b>Redefine</b>.
Las activistas también denunciaron que en algunas unidades médicas se han documentado casos de trato insensible, dilaciones innecesarias, e incluso maltrato institucional.
En ese sentido, pidieron que se implementen procesos de capacitación integral para el personal médico y administrativo de todos los niveles de atención, así como que se les permita participar en estos.
Finalmente, advirtieron que en municipios del interior del estado, la falta de medicamentos e insumos en los hospitales públicos representa una barrera más para garantizar el aborto legal, lo que vulnera el derecho de las mujeres a decidir de manera libre, segura y digna.
