La iniciativa del proyecto hídrico Batán, ya fue entregada a las y los 25 diputados del Congreso local junto con más de 40 carpetas técnicas y financieras, en donde se propone un esquema para una asociación público-privada, que contempla una inversión de 35 mil millones de pesos.
El documento presentado detalla que se contempla una inversión total autorizada de hasta $35,722,384,982.48 pesos, durante el plazo del proyecto:
“Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, a precios de diciembre de 2024, cantidad que será actualizable anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y/o cualquier otro índice que resulte aplicable y/o conforme a los mecanismos de variación previstos en la legislación aplicable y/o el Contrato de Asociación Público Privada del Proyecto “Sistema Batán”, esta cifra corresponde al monto total de la inversión, inversión inicial, operación у mantenimiento, así como volumen de agua en bloque entregado”.
De este monto, se señala que hasta $9,590,954,699.35 pesos que corresponden a inversión inicial, de los cuales $8,326,493,732.15 pesos se consideran Inversión Público Privada, también sin incluir IVA.
Pero también se pide la transmisión a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Zona Sur, ubicada en el Ejido El Retablo del municipio de Corregidora, con superficie de 66,719.12 metros cuadrados. Asimismo, se autoriza a la CEA a utilizar como fuente directa de pago para cumplir con las obligaciones del contrato de Asociación Público-Privada del Proyecto un porcentaje suficiente de sus ingresos propios presentes y futuros, como venta de bienes y servicios, cobros por servicios públicos (agua potable, residual, saneamiento, drenaje), multas, recargos, asignaciones presupuestarias y cualquier otro ingreso permitido por la legislación vigente. Además de la creación de un fideicomiso público, “irrevocable y sin estructura, destinado a la captación, administración, inversión y dispersión de sus ingresos propios presentes y futuros”, el cual funcionará como un mecanismo centralizado para asegurar una gestión financiera eficiente y ordenada de los recursos de la paraestatal.
Dicho proyecto, tiene un plazo máximo autorizado será de hasta 30 años, y solo dotará de agua para uso humano a la Zona Metropolitana, sin embargo, se señala que atenderá la creciente demanda de agua y beneficiará inicialmente a más de 500,000 unidades domésticas, con proyección de alcanzar 850,000 unidades adicionales, en los próximos 30 años, lo que representaría un estimado de 1.8 millones de habitantes.
En la justificación, se precisa que, aunque el estado ha mejorado la cobertura de agua potable, según CONEVAL, el 4.7% de los hogares carecen de este servicio, y se estima que, para 2050, la población estatal alcanzará los 3.83 millones de habitantes, lo que elevará la demanda de agua en más de 6 m³/s, por lo que se exigen nuevas soluciones, ya que el sistema actual solo podría cubrir la demanda hasta 2035.
Congreso local y CEA difieren en datos
Sobre este tema, la diputada Claudia Díaz Gayou, explicó que este esquema plantea que el gobierno estatal aporte la presa y las plantas tratadoras, mientras que la iniciativa privada el financiamiento, pero mediante la adquisición de deuda.
Sin embargo, considerando el cálculo del IVA y otros aspectos, apuntó que el proyecto rondaría más de 41 mil millones de pesos, para una correcta ejecución, por lo que dijo que se requiere un análisis profundo, por lo que no descartó solicitar una comparecencia o foro con la CEA, la Secretaría de Finanzas, la Conagua y el Consejo consultivo del Agua para una amplia difusión.
Asimismo, no descartó el solicitar que se consideran sanciones, en caso de que exista algún incumplimiento en la garantía de contar con el vital líquido para los próximos 50 años o si el agua no logra la calidad para ser apta para consumo humano.
En tanto, el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, enfatizó que no se pondría en marcha un proyecto que no sea viable económica y ambientalmente, por lo que convocó a los detractores a acercarse para conocer este proyecto.
“Es totalmente confiable, va a pasar por todas las normas oficiales mexicanas, y no nos vamos a quedar ahí, vamos por normas más estrictas replicando un sistema que se está utilizando en California”, sentenció.
En cuanto al monto, sostuvo que costaría menos de 10 mil millones de pesos, ya que el resto “son corridas financieras en el tiempo”, y que se tenía que presentar para cuestiones de aprobación de la ley, y debido a este esquema “no hay deuda” ni “privatización” del agua, por lo que tampoco habrá incrementos en el costo de los recibos.
